Ya son incontables los ejemplos que confirman la falta de autonomía e independencia del Tribunal Supremo Electoral. El TSE, por ejemplo, permitió que Evo Morales y Álvaro García Linera fueran ratificados como candidatos a la presidencia y vicepresidencia para las elecciones de octubre próximo, pese a que ello contravenía el texto de la CPE y esa entidad había establecido que, tras la derrota de ambos en el referéndum de 2016, no podrían participar.

Ahora ese mismo tribunal toma otra medida irregular: permitir que los candidatos a la presidencia y vicepresidencia puedan ser sustituidos después del 19 de julio, fecha en la que se cerraron las listas de candidatos a diputados y senadores.

Es lamentable cómo, para dar ese anuncio, el Tribunal (¿o el oficialismo?) envió a su vicepresidente, Antonio Costas. Se lo utiliza para anunciar esta nueva irregularidad debido a que tenía, hasta ese día, algo de credibilidad. Después de su anuncio, sin embargo, se puede decir que la ha perdido por completo.

¿Cómo es que el mismo tribunal que afirmó que, por ejemplo, Jaime Paz no puede renunciar a su candidatura no advirtiera que después del 19 de julio sí lo podrá hacer? ¿Cómo es que en todo el debate respecto de esa candidatura los vocales del TSE no se “acordaron” que posteriormente se podría hacer una sustitución”? ¿No era que las elecciones primarias son vinculantes? ¿Para qué eligen los militantes en las primarias a los candidatos, si luego éstos van a ser sustituidos?

Este es un escándalo de proporciones que quita las últimas esperanzas de tener un tribunal (¿y una elección?) electoral fiable e idóneo. Hasta ahora, un reducto de esa cada vez menor confianza ha sido el vocal Costas. Pero, ahora, este  se despacha una enrevesada explicación diciendo que la Ley de Organizaciones Políticas 1096 (de 2018) se aplica sólo hasta este viernes 19 de julio, por lo que no se aceptan las renuncias. A partir del 20 de este mismo mes  entra en vigor la antigua la Ley del Régimen Electoral, que sí establece sustitución de candidatos en todos los cargos electivos. Curiosa manera de establecer cómo funciona el entramado jurídico.

La verdad es que el oficialismo se apresuró, coludido con el TSE, a aprobar en septiembre pasado la Ley de Organizaciones Políticas, que establece que la única manera de poder ser candidato a la presidencia y a la vicepresidencia es mediante la participación en elecciones primarias. Los vocales del TSE, empezando por Costas, y todos los voceros del oficialismo así lo señalaron. ¿Y resulta que no había tal? ¿Y entonces para qué se organizaron éstas con un costo de varios millones? 

El parágrafo 1 del artículo 29 de esa norma establece textualmente que: “Para participar en la elección de presidenta o presidente y vicepresidenta o vicepresidente del Estado Plurinacional, los partidos políticos o alianzas elegirán a su binomio en un proceso electoral primario, obligatorio y simultáneo convocado por el Tribunal Supremo Electoral”. No puede haber dudas al respecto. Nótese la palabra “obligatorio”.

Ahora Costas y el resto de los vocales recurre a la Ley Electoral, que establecía (en tiempo pasado), que los candidatos podían efectivamente renunciar tras la presentación de las listas. Pero ello era antes de la aprobación de la Ley de Organizaciones Políticas que impuso como una obligatoriedad las elecciones internas.

En términos jurídicos, que todo lo que contraviene a una norma nueva queda derogado. En este caso, lo saben los vocales del TSE, no podía quedar vigente la posible sustitución de candidatos porque una ley más reciente obligaba a que para ser designados debían participar en las primarias.

Obviamente, nada de esto carece de una intención y objetivo político; y sobra hacer conjeturas cuando se advierte tan claramente la colusión de intereses en el ya indisimuladamente oficialista TSE. Nada más lamentable para la democracia, para el país y para los ciudadanos que estos devaneos  sólo dejan dudas y sospechas difíciles de soslayar.