La determinación fue asumida por Morales, luego de que los propietarios de medios de comunicación expresaran su preocupación por los efectos económicos que atravesaban al ser obligados a difundir propaganda electoral y de algunas normas más, como la Ley 045 Contra el Racismo y toda forma de discriminación y la Ley 348 Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, mensajes audiovisuales e impresos que ya eran difundidos gratuitamente sin ser obligatorios.

Los gremios de los medios de comunicación, como la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora), con Alfonso Arévalo, y la ANP, con Marco Dip, agradecieron la promulgación de la norma, que fue recibida con "mucho alivio".

"Comunicación es educación, información es orientación, ese sería el mejor aporte para estos sectores más humildes", señaló Morales a tiempo de solicitar a los representantes de los medios que continúen difundiendo normas en favor de los sectores de la población que están en mayor vulnerabilidad.

También expresó que como autoridad cumplió en promulgar la nueva norma que fue aprobada por las cámaras de diputados y senadores en junio, y que ahora espera que la prensa cumpla.

Asimismo mencionó que al comienzo de su Gobierno de "la mayoría" de los medios de comunicación soportó "tanta agresión y humillación" pero ahora ya no sería tanto como antes y "no por eso me han derrotado, seguimos vigentes con nuestro proceso".

Desde octubre de 2010

La obligación de publicar avisos en medios tradicionales, por ley, es una práctica poco frecuente en el mundo, así como fue la respuesta de 16 diarios bolivianos que el 7 de octubre de 2010, publicaron sus portadas en blanco con la leyenda: "No hay democracia sin libertad de expresión", en un hecho inédito en el hemisferio.

La protesta de los diarios surgió como denuncia ante la aplicación de la Ley 045 contra el Racismo, que imponía la publicación gratuita de una página al mes, con la advertencia de sanciones que consignaban multas y el cierre de medios hasta por 360 días.

Desde 2010 y hasta septiembre pasado, más de una decena de leyes, acompañadas de decretos reglamentarios, crearon la obligación de difundir mensajes en diarios, canales de televisión y radioemisoras. 

Leyes y decretos contra la trata de personas, contra el consumo de alcohol, por la seguridad ciudadana, contra la violencia a las mujeres, por las personas con discapacidad, y con otros temas sociales insertaron artículos con la instrucción de difundir mensajes en espacios comerciales bajo advertencia de sanciones económicas que bordearon los cinco mil dólares.

El resultado de la obligatoriedad derivó en cuantiosas pérdidas y como consecuencia generó inestabilidad financiera y la reducción de personal en las redacciones de medios informativos.

La ANP- Diarios representó la difícil situación de medios impresos y audiovisuales en el primer encuentro con el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, el pasado 8 de marzo, y entregó un extenso cuadro de leyes y decretos que, en ocho años, crearon una obligación contraria al principio constitucional de la justa remuneración por la prestación de un servicio.

A diferencia de tres ministras que ocuparon ese despacho, Canelas escuchó la preocupación del único sector que estaba obligado a realizar un aporte en especie, además del pago de tributos, y gestionó un trabajo coordinado con la Asamblea Legislativa que el pasado 12 de junio sancionó la ley promulgada este lunes.

La campaña de denuncia de la ANP-Diarios llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el entonces presidente de la organización, Marcelo Miralles Iporre, presentó el caso a consideración del 167 Periodo de Sesiones, realizado en Bogotá, Colombia, en febrero de 2018.

El 8 de febrero de 2019, el relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, escuchó los reclamos de la ANP-Diarios, y en una reunión con el ministro Canelas pidió un cambio de políticas acerca de los avisos gratuitos. El 1 de junio de 2019, Lanza saludó el proyecto de ley y abogó por mayores avances en la protección a periodistas y al derecho de acceso a la información.