| Profesor martinmor6@gmail.com |  20 jul 2019 | Ed. Imp.

Desde otrora momento de la historicidad hasta arribar a la actualidad. Sin generalizar e incurrir en posturas erróneas parcializadas, diremos que muchos funcionarios públicos, aclaro no todos, de los que obtienen el mandato para la conducción del país en calidad de jefes de Estado, ministros o empleados públicos, a su turno en el poder, pesan sobre ellos serias “acusaciones de presunta responsabilidad penal por indicios de corrupción” lacerante. ¿Cuántos corruptos comprobados con sentencia ejecutoriada están encarcelados? Pocos.

Aquellos corruptos politiqueros que trabajan en las diferentes esferas y reparticiones del Estado no pueden argüir liberarse, estar exentos o abstraerse de la culpabilidad, a sabiendas de que se ha visibilizado esa corrupción en casi todos los niveles sociales; tanto es así, que se ha materializado en lo que denomino: “Corrupción centralizada” (en el Poder u Órgano Ejecutivo, expresidentes y sus ministros) propia de la derecha política, y la “corrupción descentralizada” (en los poderes u órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, lo mismo que en las gobernaciones, alcaldías, subalcaldías, caso Fondioc, etcétera) de suceso actual que es propia de la izquierda política.

Ambas formas de corrupción politiquera han sido: “Naturalizados e institucionalizados” por los nefastos actores politiqueros impostores en contubernio con sus militantes activos (partidarios), quienes se han beneficiado, “sin mérito” alguno, con altos y jerárquicos cargos públicos e ingresos económicos habidos de manera ilegítima e ilegal. Inclusive, gran parte de ellos “no han podido demostrar ni transparentar su patrimonio” por medio de las declaraciones juradas efectuadas ante la Contraloría General del Estado.

Entre tanto, nosotros los ciudadanos, aunque con dificultad, hemos asimilado en nuestra memoria colectiva que el tema de la corrupción siempre fue, es y será de dominio público, comentado y defenestrado en muchos escenarios y merece el repudio generalizado a tanta podredumbre. De ahí que gran parte de aquellos politiqueros quedan estigmatizados y/o etiquetados como: personas sin escrúpulos, con predisposición psíquica a engañar, mentir en los discursos para conseguir votos, falsear promesas irrealizables, fraude/dolo, cinismo, espurio, demagogia y, no digo otros adjetivos irreproducibles. Esto explica y justifica del porqué esos corruptos no gozan de la confianza de los ciudadanos, por el mismo hecho de que disgusta y repugna su conducta. Virtualmente están en total descomposición moral y nadie les concede credibilidad alguna.

Por consiguiente, podemos colegir que “en la actualidad se mantiene la vieja práctica política”, por eso se dice: “Que los actos de corrupción ejecutada son reprochables, censurables e intolerables”. Por otra parte, dichos politiqueros tienen una motivación psicológica en conseguir el triunfo electoral para enriquecerse u obtener rédito económico. La repuesta de nosotros, los ciudadanos dotados de razonamiento sano e imparcial, es “cuestionar la administración y gestión pública de los gobernantes” que conducen la res (cosa) pública. Entonces, a meses de celebrase la democracia plena con la elección del nuevo Presidente y subsecuentemente con la elección de las autoridades departamentales, no tenemos otra mejor opción que “emitir el voto castigo”. ¡Ni seguidismo ciego, ni oposición dogmática!