Tras la filtración de 38 audios que revelan que el diputado Lucio Gómez, del MAS, presuntamente elegía al concejal que iba a ser alcalde de Quillacollo, ayer, el Concejo Municipal se querelló por dos delitos contra los involucrados y el legislador apareció para rechazar las denuncias en su contra.

La difusión de las grabaciones se suma al caso audios de corrupción destapado en enero en Quillacollo y se agudizó la crisis institucional por el apresamiento del alcalde suplente Zacarías Jaiyta, del FVP aliado al MAS, además del presidente del Concejo Víctor Osinaga, del MAS.

Desde la suspensión del alcalde electo Eduardo Merida, en junio de 2018, la tierra de la integración ha tenido tres munícipes, presuntamente, apadrinados por Gómez.

Ayer, el presidente del Concejo Municipal, René Fernández (Demócrata), dijo que adicionalmente presentó un memorial en el que pide al Ministerio Público  que  convoque a la asambleísta departamental Lizeth Beramendi (Único) y otros dirigentes para que se esclarezca la filtración de los 38 audios.

Fernández explicó que la querella fue presentada por el Legislativo, porque el alcalde suplente Willy López está como procesado.

“López ya no puede fungir como querellante, debido a que es querellado, por lo tanto, se ha unido en la misma persona dos condiciones, por esa razón estamos asumiendo esa tarea”, dijo.

Fernández precisó que por el caso se investiga a 11 personas por la presunta comisión de dos delitos: concusión y uso indebido de influencias.

En la denuncia de audios y cobros de diezmos a empresas se indaga a Jayta, Osinaga, Mérida, al alcalde suplente, a la vicepresidenta del Legislativo Juany Veizaga (MAS), a tres exsecretarios, un ciudadano  y dos testigos. Grover Corrales es el único con sentencia de cuatro años.  

El legislador sostuvo que espera que los fiscales concluyan  a la “brevedad posible” las actuaciones para dar certeza a la población.

Respecto al caso de Gómez manifestó que coadyuvarán en las averiguaciones. Similar fue la postura del diputado del MAS, quien ayer dijo que se presentará ante las instancias que lo convoquen para demostrar que no participó en cambios de alcaldes ni tráfico de cargos en el Ejecutivo municipal.

“No me he reunido con ninguno, qué tendría que ver. Yo no voto, no soy empleado público ni concejal.  Veré dónde recurrir y presentarme porque nunca voy a escapar”, sostuvo.

Remarcó que desconoce el contenido de las grabaciones que lo implican en hechos irregulares y  acusó a  la asambleísta Beramendi de difamarlo con “audios cortados”.

Adelantó que pedirá que se verifique la autenticidad de los audios, pese a que varios datos a los que se hace referencia en los mismos sucedieron como la designación de Antonio Montaño (FPV) como alcalde suplente y de Roberto Vargas (MAS)  como presidente del Concejo.

El fiscal departamental Juan de la Cruz Vargas confirmó que  el caso audios está en reserva hasta el próximo viernes. Asimismo, dijo que las declaraciones de autoridades perjudican las averiguaciones porque  los involucrados al conocer  detalles pueden darse  a la fuga.

Dos Concejales anunciaron que en próximas horas iniciarán un proceso penal contra la asambleísta Lizeth Beramendi por difamación, si no se retracta.

HAY SEIS MESES MÁS PARA INVESTIGAR

El fiscal departamental, Juan de la Cruz,  informó ayer que el caso de audios de corrupción de Quillacollo continúa en etapa de investigación y que los plazos procesales corren a partir de la última imputación.

Justificó que en meses aún no se tenga una resolución. “La ultima imputación data de finales de junio. De  acuerdo a normativa vigente el plazo se computa a partir de esa fecha. Los delitos de corrupción son de mucha complejidad porque hay multiplicidad de personas involucradas”, agregó Juan de la Cruz Vargas.

Aclaró que los fiscales tienen la facultad de definir si los audios de Jayta y Gómez se investigan juntos o  por separado.

PUNTOS DE VISTA

"Jamás he tenido nada dentro del Concejo y la Alcaldía de Quillacollo. Estoy seguro que esos audios son montados, muchos deben ser entrecortados. No me he ocultado".Lucio Gómez. Diputado del MAS

"Pedimos a la Fiscalía resultados porque la denuncia es de enero. Ya es julio y no sabemos en qué está el caso, excepto por la detención de Jayta, Osinaga y la sentencia de Corrales". René Fernández. Pdte. Concejo Quillacollo

"Si alguien quiere hablar voluntariamente ante una investigación debe hacerlo con los fiscales de materia, ellos son quienes tienen bajo su custodia el contenido y las declaraciones". Juan de la Cruz Vargas. Fiscal departamental

"Exijo  como autoridad que se actúe de una vez con la detención de todos los implicados  y que castiguen la corrupción en Quillacollo, no que se la esconda". Lizeth  Beramendi. Asambleísta departamental

ASAMBLEÍSTA DENUNCIARÁ A IMPLICADOS EN AUDIOS Y REVELARÁ UN VIDEO DE LA RED 

REDACCIÓN CENTRAL

La asambleísta departamental Lizeth Beramendi (Único) anunció que este lunes presentará una querella ante la Fiscalía por delitos de corrupción contra el diputado Lucio Gómez (MAS),  otros implicados en las grabaciones que se filtraron y adelantó que revelará un video más sobre la red.

“Me estoy tomando el trabajo de detallar por escrito todos los nombres y temas, estoy escuchando lo que expresan los dos sujetos que hablaron con Mérida y Gómez. Se habla de que se dio plata a fiscales y jueces”, dijo.

La legisladora ratificó que las grabaciones fueron entregadas hace meses al Viceministerio de Transparencia y que ante la falta de acciones decidió acudir a la Fiscalía. Entre las irregularidades que se develan en los audios está la compra de una planta de asfalto para Quillacollo.

Beramendi explicó ayer que en el video que también se filtró se puede ver a un funcionario recibiendo dinero  en un sobre manila.

“Felicito que el Concejo por ser querellante aunque debo señalar que lo está haciendo de manera tardía. Antes no hicieron nada, han tenido un silencio cómplice, por eso debe rendir cuentas ante la justicia”, puntualizó.

Dijo que no teme enfrentar procesos por difamación del diputado Gómez y de los concejales Angelina Zeballos y  Héctor Montaño, ambos del FPV.  “No temo a las amenazas.  Si tengo que ir ante estrados judiciales por denunciar,  iré”, concluyó.