La tendencia que se vislumbra, salvando las distancias, se asemeja a los referendos aprobatorios de los estatutos autonómicos de los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Potosí, Oruro y Cochabamba, de septiembre de 2015. En el fondo, esa crucial consulta había perdido su característica esencial, relacionada con las autonomías propiamente dichas, pues se matizó con las características de una consulta sobre el nivel de legitimidad y aceptación del régimen. La derrota fue abrumadora. Los cinco departamentos respondieron con un rotundo NO. Empero, no a las autonomías, sino al régimen, pues la consulta autonómica había pasado a segundo plano.

Este proceso tuvo estrecha similitud con las elecciones de magistrados, desarrolladas en diciembre de 2017. Esas elecciones también carecieron de aquella característica esencial de elegir a los magistrados que se encargarían de la administración de la justicia. Dadas las circunstancias, la forma en que fueron preseleccionados y el notable desgaste del régimen, que se acentuó después del 21F. 

Esa elección, totalmente desvirtuada, se convirtió, en otra consulta sobre el nivel de legitimidad del régimen y el presidente Morales. Con el voto nulo y el voto en blanco, la derrota fue también abrumadora.

Ahora bien, extrapolar esa tendencia para las próximas elecciones presidenciales de octubre, a priori, podría ser interpretada como una verdadera aberración, pues se trataría, de un “ejercicio no válido”, por las sustanciales diferencias. Sin embargo, relativizando ese cuestionamiento es posible, por algunas características, cavilar esa tendencia.  

En las próximas elecciones de octubre básicamente se juega, la continuidad del MAS y de Evo Morales en el poder. En sus planes, en ningún caso, ni siquiera por asomo, está presente la idea de ceder y abandonar el poder.  Para ellos, estas elecciones han sido concebidas como una pantomima; algo que formal y obligatoriamente deben cumplir. 

Con las facultades que el “poder estructural” les confiere han impuesto sus propias reglas de juego, estableciendo, arbitrariamente, un conjunto de mecanismos y dispositivos. Veamos.

No obstante, los resultados del 21F, en los hechos, han modificado la Constitución. Han colocado a su antojo a vocales obsecuentes y funcionales en el Tribunal Supremo Electoral. Se han inventado las insólitas elecciones primarias para “habilitar” la ilegal e inconstitucional postulación del binomio. Han manejado, también, a su libre albedrío, la habilitación masiva de nuevos electores en el padrón electoral. 

Prácticamente, tienen todo controlado. En esas condiciones es imposible desarrollar esa característica, esencial de cualquier elección: la competencia equitativa entre candidatos y fuerzas políticas. 

Además, para no correr ningún riesgo, han propiciado –y continúan en esa tarea– la fragmentación de las fuerzas de oposición. Precisamente, la tercera, en la preferencia electoral, tendría el propósito de dispersar el voto opositor para consolidar un triunfo, sin sobresaltos, en la primera vuelta.

Ahora bien, supuestamente, competirían con ocho fuerzas políticas. Sin embargo, siete de ellas son marginales: sin ningún atributo competitivo. Miserablemente, sus posibilidades no van más allá de fragmentar el voto, pues en ningún caso podrían competir con el binomio oficialista. La fuerza política que eventualmente puede rivalizar, más por circunstancias fortuitas que por la capacidad de su líder –pues, tiene más bien un perfil pusilánime–, su discurso y programa es Comunidad Ciudadana.

Entonces, en esa tendencia “plebiscitaria”, el electorado masivo, sobre todo el citadino, volcaría su “bronca” y rechazo a la continuidad del régimen masista y su voraz élite cletopcrática votando por Carlos Mesa. El, aglutinaría el “voto rechazo”, tal como Evo Morales captó la bronca y el descontento social, en las elecciones de 2005.  

Rolando Tellería A. es profesor de la  carrera de Ciencia Política  de la Universidad Mayor de San Simón.