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Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: jueves 01 de marzo de 2018
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Democracia representativa
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Otras palabras
Palabras vacías
Varias palabras en el país han pasado en los últimos diez años a los anaqueles de las palabras vacías. Revolución, socialismo, descolonización, plurinacionalidad, entre muchas otras. Pero en realidad no se trata de hacer un ajuste de cuentas o discutir cuán vacías o llenas están las palabras, dependiendo del punto de vista del observador, sino de encontrar sentido a las que aún persisten.
Una de las que todavía está en medio del escenario público es la
palabra democracia. Es evidente que el énfasis depende del adjetivo que
se le agrega: democracia formal, democracia participativa, democracia
deliberativa, democracia real, democracia liberal… y de los discursos a
los cuales se articula para adquirir significado.
Sin embargo, hay algunas condiciones de la palabra democracia que
prescinden de los adjetivos y que forman parte del sentido común, por
tanto no son negociables: una es la vigencia de leyes y reglas que
regulan la convivencia social y el ejercicio de derechos; y la segunda
es la participación en las decisiones.
El año 2009 se ha sellado un acuerdo constitucional con la
promulgación del nuevo texto, que no sólo refleja las expectativas en
relación con de los cambios acaecidos en los últimos años, sino que fue
producto de un amplio y controvertido debate durante la Asamblea
Constituyente, y que entre sus resultados ratifica la voluntad política
de preservar y profundizar la democracia como régimen político y como
espíritu de convivencia social.
Por las características señaladas, esta palabra compromete
prioritariamente al Estado, que es el responsable de su acatamiento y
preservación. Por esta razón han causado tanta indignación los
acontecimientos relacionados con la insistencia del partido de gobierno
en la repostulación del actual Presidente.
En primer lugar ignorando los resultados del referendo del 21 de
febrero, que fue convocado por la propia ALP, y cuyo proceso y
resultados fueron incuestionables debido a que se acató la norma y
fueron refrendados por el Órgano Electoral, que hoy tiene la difícil
tarea de velar por su cumplimiento.
Y en segundo lugar, por la ratificación de esta voluntad política particular en el fallo emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional que, bajo argumentos forzados de la normativa internacional, se pronunció días antes de la cesación de funciones de los responsables.
La institucionalidad democrática no es una anécdota histórica, la
reiteración periódica de un rito formal o “el apego abstracto a la
norma”, como dice el Vicepresidente. La conquista de la democracia a
fines de los setenta implicó el costo de vidas humanas y de intensas
luchas sociales, por lo que durante sus más de treinta años de historia,
junto a los esfuerzos a veces fallidos por mejorar el andamiaje
institucional, ha ido forjando silenciosamente una ciudadanía que hoy se
expresa en defensa de los derechos establecidos precisamente en la
nueva Constitución.
De ahí que, las recientes movilizaciones no pueden interpretarse como
un hecho casual u orquestado por intereses ocultos del imperio o de los
partidos opositores -que sería otorgarles un poder y capacidad de
acción política que no la tienen- o, peor aún, que responden a una
confabulación maléfica de las redes sociales, sino reconocer a tiempo el
enorme costo que puede significar abandonar el significado sustantivo
de la democracia, una democracia sin adjetivos.
María Teresa Zegada es socióloga.