Después del 21F ¿qué viene ahora?

Todos sabemos que la mayoría de las ciudades capital del país paralizaron casi totalmente el 21 de febrero pasado y que, en medio del paro, se desplegaron también multitudinarios desfiles masistas, organizados para disminuir el impacto de las acciones adversarias. Esos hechos dieron paso a una interminable polémica sobre quién demostró mayor musculatura en sus acciones, atributo especialmente reclamado por los voceros gubernamentales. Todo eso, en verdad, sucedió, pero quedaron flotando algunas preguntas, como ¿qué viene ahora? ¿Qué va a suceder hasta las elecciones de fines de 2019?   

 Para contestar estas preguntas debe prestarse atención a lo que hicieron unos y otros actores, a sus métodos y discurso.

 Analicemos primero el accionar gubernamental. Las acciones y métodos utilizados consistieron en movilizar a los empleados públicos, sujetos a los consabidos mecanismos de control, vecinos de las juntas urbanas dirigidas por militantes del MAS, trabajadores urbanos afiliados a sindicatos bajo control estatal y centenares de personas trasladadas de comunidades campesinas e indígenas cercanas a la capital, cuyos dirigentes militan en el partido de gobierno o fueron cooptados por éste. 

 Así, las acciones del oficialismo respondieron al formato tradicional, basado en una organización piramidal y vertical, cuya dinámica depende del accionar del líder o caudillo, y del reducido entorno de éste. Esta matriz organizacional, que moldea al sindicalismo y a las organizaciones políticas bolivianas, se remonta, al menos, a la primera mitad del siglo XX, especialmente al período preparatorio de la Revolución de 1952.  Y en el discurso, prácticamente repitiendo las gastadas consignas e interpelaciones de principios del milenio (nacionalización, descolonización, poder popular, proceso de cambio), acompañadas de la insostenible tesis de las “mentiras” opositoras como explicación de su derrota electoral en 2016.    

 Por su parte, la paralización de las ciudades capital fue resultado de la acción de los colectivos y plataformas ciudadanas, organizaciones vecinales y comités cívicos, que a partir de 2016 han venido desarrollando una organización descentralizada, expresada en grupos relativamente pequeños de personas, coordinando acciones con otros grupos afines o coincidentes en sus objetivos (especialmente preservación de la democracia).

 Estas nuevas modalidades organizativas dejaron entrever flexibilidad operativa, eficiencia en la coordinación territorial y preservación de la autonomía grupal. Visto el proceso desde una perspectiva macro, se trata de la aplicación del concepto de red a la organización social, comunitaria y política, la que, según se ha constatado: i) genera creciente participación social; ii) propicia el surgimiento de liderazgos y redes grupales; iii) preserva, por ello, la autonomía de la sociedad civil; iv) facilita la existencia de canales de comunicación y de circulación de información, y decisiones; y v) al estimular la constitución de más y más grupos, interactuando entre ellos, incrementa la participación social, de manera incontrolable para el poder político.

 No debe perderse de vista, empero, que estos procesos moleculares en el seno de la sociedad civil fueron la respuesta a la ausencia de una alternativa política renovada que canalice la creciente insatisfacción social.

 Pues bien, lo que se prevé de aquí a las elecciones de 2019, dadas las configuraciones históricas de los actores, es que el MAS y su pequeño grupo de dirigentes continuarán utilizando el formato tradicional de la organización y métodos de movilización, y levantando todavía sus desgastados objetivos políticos, aunque reempaquetado todo –esto es lo lamentable– con un reforzado prebendalismo a costa del presupuesto público. 

 Mientras que, al frente, continuará avanzando el proceso de organización autónoma y descentralizada de sociedad civil, dándole cada vez más potencia a la defensa de la democracia y al rechazo del prorroguismo evista, sentando así las bases para que, en algún momento, cristalice la nueva alternativa política, tanto en términos de organización democrática como de liderazgo, a despecho de aquellos sofistas que confiesan públicamente no tener “apego abstracto a la norma” (léase Constitución).
        
Carlos Böhrt I.  es Ph. D. en Derecho Constitucional y Derecho Penal.