Las garantías que ofrece el Gobierno de que respetará los resultados de las elecciones del 20 de octubre aumentan la desconfianza en lugar de llevar la tranquilidad a los votantes que cada día observan impávidos cómo se suceden las maniobras políticas y pseudojuríodicas que enrarecen el clima electoral, que en los próximos cien días podría oscurecerse aún más.

El régimen ha hecho tantas promesas y tantas veces las ha traicionado, que el ciudadano común parece curado de espanto por la forma cómo se transgreden las normas y se violentan los procedimientos que deben imperar en cualquier compromiso eleccionario, pieza fundamental para el mantenimiento de un sistema democrático.

Lo que queda claro es que tanto el Tribunal Supremo Electoral (TSE), como el Tribunal Constitucional (TCP) se mantienen alineados, trabajando en un mismo gabinete dirigido por los operadores políticos del Gobierno buscando constantemente cómo pavimentar el camino de la victoria del binomio oficialista, cuya ilegalidad y pérdida de confianza de la gente, lo obliga a torcer todos los preceptos que garantizan unos comicios libres y transparentes.

Por si fuera poco el haber habilitado a dos candidatos inconstitucionales, TCP le acaba de otorgar una ventaja más al oficialismo al permitir que ninguna de las autoridades elegidas y que están en funciones en la actualidad deba renunciar a sus cargos antes de postularse a un nuevo mandato. El TSE manipula con una resolución el criterio de paridad de género y le rechaza la renuncia al candidato Jaime Paz Zamora, quien se hizo a un lado justamente para viabilizar la unidad de la oposición. A su vez, mantiene en suspenso la situación de otra fórmula en la que se ha producido la baja de una de sus principales figuras ¿Le dará el mismo tratamiento?

El TSE se lava las manos con serias transgresiones cometidas por el presidente Morales, un juez se declara incompetente para abordar el caso, mientras que se multiplican las amenazas y las agresiones a los opositores que recorren el país casi a hurtadillas, pues en numerosos bastiones los esperan con las armas emplazadas, en tanto que con la otra mano reciben obras y dádivas del régimen a cambio de la lealtad y el compromiso de respaldo.

Los expertos y analistas creen que el escenario que tenemos al frente es terrorífico y al paso que avanza la politización del árbitro de las elecciones, es muy probable que se supere lo sucedido en los años 90 con la tristemente célebre “banda de los cuatro”, que protagonizó uno de los mayores escándalos electorales de la historia del país y que llevó a la presidencia a una figura que había obtenido el tercer lugar en votación. La gran diferencia con relación a lo que sucede hoy es que en el país no existía la reelección, la coalición de gobierno tenía un respaldo parcial y reducido del Congreso y la justicia no estaba tomada por el poder político en las dimensiones en las que está hoy. De perpetrarse un fraude como el que se está planificando, nuestro destino no será otro más que el de una dictadura. 

Tanto el Tribunal Supremo Electoral (TSE), como el Tribunal Constitucional (TCP) se mantienen alineados, trabajando en un mismo gabinete dirigido por los operadores políticos del Gobierno buscando constantemente cómo pavimentar el camino de la victoria del binomio oficialista