En la intervención se identificó a Wálter Cortez Ayala, funcionario operario del Servicio de Registro Civil (Sereci); además de equipos de esta repartición. Según la versión de los vecinos denunciantes, este inmueble ubicado en la periferia de Riberalta, cerca del río Beni, pertenecería a Favio Méndez, alcalde de San Pedro por el MAS; en el allanamiento identificaron a otros funcionarios de esta comuna.

Se detuvo también a personas que habrían acudido a empadronarse a cambio de un pago de Bs 100 por registro y otros Bs 200 después de votar. La denuncia se realizó el domingo por la noche, a las 19:00, por lo que un contingente policial se desplazó hasta el domicilio denunciando; sin embargo tuvieron que hacer vigilia hasta obtener una orden judicial para intervenirlo, según explicó el teniente coronel, Antonio Casso, comandante del Comando Amazónico de la Policía. Consultado por EL DEBER, el fiscal Xiomar Ulloa, uno de los asignados al caso, se limitó a confirmar que los detenidos dieron su declaración, y que hoy se definirá quiénes quedan aprehendidos y quiénes serán liberados.

La denuncia

La vecina y dirigente de Demócratas, Carmen Melgar Chávez, manifestó que fueron acompañados de la Policía y un fiscal la noche del domingo a la casa que pertenece al alcalde pandino. Dijo que a las 3:30 de la madrugada del lunes apareció un grupo de personas en motocicletas, y ayudó a salir a un hombre cubierto por una sábana por la parte de atrás de la casa, quien escapó en una de las motos. “Antes de que escape, alcanzaron a descubrirle el rostro y varios testigos vieron que era el alcalde de San Pedro”, contó Melgar. Para ella, los riberalteños y pandinos conocen muy bien a sus vecinos, por lo que le resulta fácil de corroborar que se trata del alcalde de San Pedro, quien ayer no apareció para aclarar o desmentir el hecho. La dirigente de Demócratas fue denunciada antes por Ariel Limpias, alcalde de Gonzalo Moreno, del MAS, por vincularlo con registro irregular el 17 de junio.

El TSE acusa a la Fiscalía

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, cuestionó ayer al Ministerio Público por no “colaborar en las indagaciones” sobre el irregular empadronamiento en Riberalta. Calificó de “muy sensibles” los dos incidentes ocurridos en Riberalta, Beni. “No tenemos la colaboración del Ministerio Público, hasta este momento no ha sido convocada la notaria del primer incidente (Gleizi Nakashima). Seguro que se hará una acción directa, esto nos va a permitir a nivel de la justicia ordinaria tener acciones más concretas”, sostuvo Costas a ANF.

Opositores ven retraso

El senador beniano Yerko Núñez, de UD, pidió que este caso no quede como el primero, cuando la notaria (Nakashima) se presentó a la Fiscalía, se abstuvo de declarar el 28 de junio, y desde entonces “no hubo ningún detenido, no se dio nombres y no se identificó a los autores intelectuales”. Por su parte, Homer Menacho, senador pandino de UD, dijo que estos casos siguen sucediendo porque quienes los perpetran “no ven sanciones y se sienten protegidos por el Gobierno”.

Añadió que si bien antes hubo acarreos de electores, esta vez es peor, ya que involucra a funcionarios del Sereci y a equipos de esta institución. De acuerdo con datos preliminares del director del Sereci Pando, Kalil Arab, en el departamento se registraron 18.079 inscritos en los 45 días del empadronamiento; de los que 5.700 son nuevos y 12.379 son cambios de domicilio. Arab dijo que una comisión partirá hacia a Riberalta para informarse y colaborar con el caso.