No es exagerada la importancia que se le ha dado pues, a pesar de su concisión, tiene el peso de todo un manifiesto político. Equivale no sólo a una confesión sino a una declaración de principios, de valores y creencias. De esas palabras se pueden deducir también un plan de acción y todas sus previsibles consecuencias.

No sólo por el fondo de lo que dice García Linera sino también por la forma –el tono desdeñoso y burlón– la frase puede ser interpretada sin mucho esfuerzo como el exacto equivalente, aunque algo más ornamentado, de la famosa declaración de Evo Morales cuando confesó: “Cuando algún jurista me dice ‘Evo te estás equivocando jurídicamente, eso que estás haciendo es ilegal’, bueno, yo le meto, por más que sea ilegal, después les digo a los abogados, ‘si es ilegal, legalicen ustedes, para qué han estudiado’”

En su momento, con la condescendencia con que solía tratarse a Morales, la importancia de esa frase fue menospreciada, como si de un exabrupto atribuible solo a un momento de ofuscación se tratara y no de la más sincera expresión de la doctrina política en que se inspiran los actos gubernamentales, desde los más simples hasta los más complejos.

Uno de los principales pilares de esa concepción es el absoluto desprecio por los principios y valores propios de la legalidad democrática y sus instituciones. Desde ese punto de vista, el “apego abstracto a la norma” no es más que un incómodo resabio del execrado pasado republicano, mala influencia de la “decadente cultura occidental”, estorbos que aún no se pueden desechar.

Más allá de las elucubraciones teóricas a las que se presta esa tan antigua propensión a la concentración y el abuso del poder, la declaración de García Linera también merece ser aquilatada a la luz de la coyuntura política y las circunstancias actuales por sus efectos prácticos e inmediatos. Y la única interpretación posible es que el actual régimen no está dispuesto, no estuvo ni estará, a aceptar que la ley, ninguna ley, ponga límites a su decisión de avanzar hacia la concentración y perpetuación del uso y abuso del poder en pocas y muy selectas manos.

Sin embargo, debieran tomar en cuenta que en el momento existen comunidades sociales que demandan el respeto a su voto, en especial el del referéndum del 21 de febrero de 2016.

Esa gente será un fuerte obstáculo para la implementación de las apreciaciones pragmáticas del oficialismo porque se trata de gente dispuesta a movilizarse y hacer valer su opinión pese a quien pese.

La única interpretación posible es que el actual régimen no está dispuesto a aceptar que la ley le ponga límites. Sin embargo, debieran tomar en cuenta que existen comunidades sociales que demandan el respeto a su voto, en especial el del referéndum del 21 de febrero de 2016