Romero estuvo en la corte entre 2004 y 2008, una época en la que esa institución era respetada y gozaba de consenso nacional.

Luego se convirtió en alto funcionario internacional de organismos electorales de la región, pero no deja de regresar a Bolivia de tanto en tanto.

En su más reciente visita, habló con Página Siete.

¿Cuál es su percepción de cómo  está la democracia en la región?

Existe una sensación en América Latina de que la democracia pasa por un momento difícil, no únicamente en la región, sino a nivel mundial. La última década ha sido complicada, ha habido un retroceso en la defensa de las instituciones y de los principios democráticos. Los regímenes que se sitúan en los límites de la democracia, que combinan formas autoritarias y elecciones poco competitivas, han aumentado, en tanto que los movimientos políticos que no están comprometidos con los valores democráticos, como el pluralismo o la tolerancia, se consolidan en el escenario.

¿Qué ejemplos concretos de ese diagnóstico podría poner?

En América Latina, Venezuela es, sin duda, el caso de retroceso más grave, pero también inquieta la evolución de Nicaragua. Las pautas de las presidenciales de 2018 en Venezuela y de 2016 en Nicaragua no fueron competitivas: la oposición quedó o excluida o sin posibilidad real de enfrentar al Gobierno. En claro, desapareció el horizonte de la alternancia.

¿Qué ha pasado con los órganos electorales de esos países?

Los organismos electorales quedaron subordinados a los gobiernos. Dejaron de ofrecer las garantías mínimas para una competencia justa y equitativa, en la cual la oposición pudiera disputar el poder. El resultado estaba determinado de antemano.

¿Cómo cree que está encarando Bolivia el proceso electoral?

Internacionalmente se ve con inquietud la evolución del caso boliviano. La confianza en cualquier organismo electoral reposa sobre dos grandes variables: la primera es que el organismo electoral goce del respeto de la ciudadanía, de los actores políticos, de los medios de comunicación, de la comunidad internacional; la segunda es la capacidad técnica para llevar adelante el proceso electoral de acuerdo con las normas del país. Estos dos pilares son vistos con inquietud. Hay una pérdida de legitimidad del órgano electoral y las informaciones provenientes del mismo tribunal indican dudas sobre las condiciones para el desarrollo adecuado de fases críticas del proceso.

¿Como cuáles por ejemplo? 

El vicepresidente del Tribunal Electoral, Antonio Costas, ha levantado la voz de alerta sobre problemas significativos, que se suman a las renuncias de autoridades y funcionarios, que indican una crisis interna seria. El cuadro se analiza con preocupación en el escenario externo, y también interno.

¿Estamos hablando solamente de percepción o existen motivos para pensar que el Tribunal Electoral pudiera estar actuando para favorecer a un partido?

 Las percepciones son clave en el caso de los organismos electorales. Ellos reposan, en gran medida, sobre la confianza que les otorga la ciudadanía y los actores políticos. Una percepción de comportamiento parcializado es muy grave, corroe la legitimidad del proceso electoral.  Y luego, está claro que las renuncias que se produjeron de la presidencia y la vicepresidencia (indican) que hay una crisis interna seria en el organismo electoral.

De los elementos planteados por Costas, ¿cuáles son los que más riesgo reportan para el resultado electoral transparente o para la confianza en el TSE?

La estructura de la jornada electoral en Bolivia es sencilla, pero confiable, sobre todo por la participación de los ciudadanos como jurados en las mesas electorales. Su selección aleatoria ha demostrado ser un factor de transparencia, de manejo imparcial y no subordinado a ningún partido. El escrutinio público es otra fortaleza. Adicionalmente, las organizaciones pueden -y deben- verificar la labor de las mesas de votación. Le corresponde al organismo electoral ofrecer garantías plenas a cualquier actor político para desplegar el control y el monitoreo que estime convenientes en cualquier lugar del país.

Pero, ¿qué pasa cuando el organismo electoral se hace cargo del conteo de votos? ¿Existe el soporte técnico que garantice transparencia?

La primera garantía es el trabajo realizado por los ciudadanos en la mesa, que merece un voto de confianza. Ellos elaboran las actas, cuyas copias son entregadas a los partidos, que tienen el derecho y el deber de corroborar que la información difundida por el organismo electoral mesa por mesa, acta por acta, corresponde con la información que ellos tienen.

El problema es que en Bolivia  los partidos de la oposición no tienen cobertura nacional. 

Los partidos deben realizar un esfuerzo para designar sus testigos en la mayor cantidad posible de mesas electorales. También existe la posibilidad de implementar la observación electoral local, vale decir que organizaciones bolivianas asuman esta tarea de manera estructurada y metódica. No se necesita cubrir todas las mesas para obtener un muestreo representativo. Se suman los aportes de la observación electoral internacional y, añado, hay una labor fundamental que les corresponde a los medios de comunicación.

¿Cómo se puede hacer para confiar en el trabajo del TSE en el último tramo del proceso?

Es fundamental que el organismo electoral difunda la información de todas las mesas, acta por acta. De esta manera, las organizaciones políticas y la ciudadanía pueden contrastar los datos del Tribunal con la información recolectada por fuentes independientes del organismo electoral. 

¿Qué tan importante es el sistema de transmisión rápida de datos?

Los resultados pueden fluir más rápido o más lentamente; el ideal es, por supuesto, una transmisión ágil, pero el tema crucial es que la información que se brinde sea confiable, transparente y, sobre todo, certera.

¿Cuánta capacidad tiene una misión de observación como para dar una conclusión certera?

La presencia de las misiones internacionales es importante para la evaluación objetiva de la elección. La observación electoral en América Latina se ha profesionalizado, ha desarrollado técnicas estandarizadas, tiene capacidad para analizar de manera comparada los elementos básicos de un proceso electoral. Su labor es valiosa.

En Bolivia, sin embargo, hay algunos partidos que dicen que están viniendo a avalar el proceso electoral en favor de un binomio ilegal. 

Hay dos grandes misiones de observación electoral internacional que suelen estar presentes en América Latina: la OEA y la Unión Europea. Sus informes avalan la seriedad de su trabajo técnico. Su labor incide positivamente sobre la elección. En este sentido, hay que subrayar que un elemento común de los países donde ha habido un muy nítido retroceso electoral ha sido el cierre de las puertas a la observación electoral internacional.

En el proceso previo también se están presentando irregularidades, con reglamentos con vacíos y dudas. ¿Cuál es su opinión al respecto? 

Estos elementos son algunos de los factores por los cuales amplios círculos de la comunidad internacional observan con inquietud y con preocupación el desarrollo del proceso electoral en Bolivia, y expresan cierta susceptibilidad con las acciones del organismo electoral.

 ¿Cuál es su percepción sobre casos concretos como el ofrecimiento del Presidente de dar todo lo que pidan si le garantizan el 100% de los votos, o sobre las transmisiones en vivo en las que se hace campaña electoral?

Estos casos puntuales ilustran tres dificultades serias del país en materia de financiamiento de la política. El primero es la regulación débil y laxa sobre las acciones del Presidente que busca la reelección. Los presidentes latinoamericanos que aspiran a la reelección parten con una ventaja muy significativa: ganan más del 90% de las veces. Por lo tanto, su ventaja natural debiera ser lo más regulada y encuadrada posible. La segunda dificultad fue la supresión en 2008 del financiamiento público a los partidos. Ello ha contribuido al grave debilitamiento del armazón de los partidos y supuso un serio retroceso con respecto al camino avanzado. Hoy solo Bolivia y Venezuela no cuentan con financiamiento público a los partidos. La tercera debilidad es que las reglas sobre el financiamiento de la política y que los medios de verificación de los gastos de campaña han quedado rezagados en comparación con otros países de América Latina. 

¿Qué cosas se debería reglamentar concretamente para evitar el uso de bienes públicos?

La intervención del presidente que busca la reelección debiera ser objeto de regulaciones específicas, precisas y fuertes porque parte con una ventaja considerable sobre sus contrincantes.

¿Hay algún ejemplo de legislación al respecto?

Hay legislaciones que norman de una manera severa el uso de medios audiovisuales por parte del presidente y restringen la utilización de las prerrogativas del cargo para hacer campaña política. Por ejemplo, se prohíbe la participación en la inauguración de obras públicas, se restringe el uso del tiempo en los medios audiovisuales, se suspende la propaganda gubernamental, etc.

¿Cuál es su lectura del intento reeleccionista en Bolivia, luego de que fue rechazado en un referéndum, pero se viabilizó por un fallo judicial?

La manera como se dio el proceso no fue adecuada. Cualquiera sea el resultado de esta elección, corresponderá al Gobierno y a la oposición que asuman funciones en enero de 2020 encarar una reflexión seria y profunda para evaluar lo sucedido en este periodo y evitar que se reproduzcan hechos de esta naturaleza.

¿Usted cree que todavía puede prosperar un reclamo o ya está cerrado el asunto en Bolivia?

Desde el punto de vista de los hechos, ese tema, para la elección boliviana, está consumado. Ya no existe posibilidad alguna de un recurso en la vía interna. Seguramente habrá un fallo internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero llegará después de la elección de octubre. 

¿Y eso cuánto daño le hace a la democracia? 

La obtención de la reelección a través de una sentencia judicial concierne a Bolivia, pero también la excede. El mecanismo se aplicó en Nicaragua, Honduras, no se excluye su uso en República Dominicana. Hay un posicionamiento importante, aunque con un estatus solamente consultativo, de la Comisión de Venecia. Fue severo sobre la manera como se consiguen estas reelecciones, en especial cuando y porque benefician al presidente de turno. La democracia sufre un desgaste institucional.

¿Cuál es su opinión sobre el acto de la reelección en sí mismo?

Conceptualmente hay buenos e interesantes argumentos a favor, quizá más que los opuestos. Sin embargo, desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones en América Latina, la reelección presidencial somete a los sistemas democráticos a una fuerte tensión. Ella se agrava cuando los presidentes fuerzan la ruptura del candado del límite de la reelección, lo que tiende a asociarse con un deterioro de la calidad de la democracia. La tentación es intensa, como muestra la extensa lista de presidentes latinoamericanos que trataron de quebrar la restricción.

¿Usted cree que Bolivia va por el mismo camino de Venezuela o Nicaragua, como advierten algunos opositores?

Por el momento y hasta hoy, el proceso electoral boliviano tiene diferencias con los de Venezuela y Nicaragua. La principal, la posibilidad real de la oposición de poder presentarse con los candidatos que ha considerado adecuados. Empero, el proceso adolece de una profunda inequidad entre los medios y las posibilidades del oficialismo frente a los recursos de las candidaturas de oposición.

Usted mencionaba la ausencia del financiamiento, sin embargo, se ha restituido un fondo que está manejando sólo por el TSE.

¿Esto suple en algo al anterior?

El mecanismo de financiamiento previo tenía una vocación más amplia. Las partidas en las cuales se podían gastar los recursos excedían los gastos en los medios de comunicación. Es importante retomar la discusión y el debate sobre el financiamiento público a los partidos políticos. Su eliminación no ha coadyuvado a mejorar la democracia; al contrario, fue uno de los elementos que contribuyó al debilitamiento y al desmoronamiento del sistema de partidos. 

Si no hay financiamiento estatal, ¿cómo se financia la política y  dónde recurren los partidos?

Todos los países de América Latina, salvo Bolivia y Venezuela, tienen esquemas mixtos de financiamiento, es decir, por una parte, contribuye el Estado, por otro lado, los partidos buscan recursos privados. El financiamiento público genera mayores condiciones de equidad y reduce la eventual dependencia de los partidos y de los candidatos con actores privados poderosos que puedan condicionar ciertas políticas públicas. El financiamiento privado es legítimo, pero la contraparte pública es útil.

¿Por qué cree que la campaña está tan encarnizada? ¿Será que el MAS no está tan tranquilo como otras veces?

El escenario político lleva polarizado varios lustros, aunque con fases de desigual intensidad. La novedad del proceso electoral de 2019, con respecto a los de 2014 o de 2009, es que la candidatura oficialista no parte con la misma gran ventaja en términos de apoyo popular. Eso da a esta campaña rasgos mucho más disputados.

Usted ha sido parte de una de las cortes electorales de mayor consenso nacional. ¿Cuál era la clave? ¿Será que ahora está fallando la gente que se elige para los cargos? 

Las reglas de designación de las autoridades electorales no han cambiado de manera significativa con respecto a las cuales se eligió la primera Corte Electoral imparcial, la de 1991, presidida por Huáscar Cajías. Permanecen la regla de los 2/3 de votos en el Congreso para designar a los vocales y también el apego de la ciudadanía por un organismo equidistante frente a todos los partidos. Han cambiado la voluntad y el compromiso de actores políticos para que el organismo electoral no esté vinculado a las fuerzas en contienda.

¿Ve un retroceso en la institucionalidad del órgano electoral?

Ciertamente existe inquietud tanto internacional como nacional sobre los grados y el nivel de institucionalidad del organismo electoral.

Puede dar una pauta de a quienes se refiere cuando dice “a nivel internacional”?

Estamos hablando de las instituciones que se interesan en los asuntos electorales desde un punto de vista técnico, es decir, que no tienen preferencias políticas o partidarias en los distintos países. Son organizaciones que dan un seguimiento regular, constante, periódico a los procesos electorales en la región y cuyo interés fundamental es el fortalecimiento institucional y la calidad de los procesos electorales.

HOJA DE VIDA

• Cargos recientes  Fue director del Instituto Nacional Demócrata en Honduras, director de Capel (Centro de Asesoría y Promoción Electoral dependiente de todos los organismos electorales de América), miembro de la misión electoral especial encargada de la reforma política electoral que fue creada por el acuerdo de paz en Colombia.