El Gobierno esta vez evitó catalogar la medida como un “fracaso”, como lo hizo en otras movilizaciones ciudadanas en defensa de los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016 y se limitó a señalar que se trata de un “paro político”.
El 21F, el 51% del electorado (la mayoría) dijo No a la modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado que establece una sola reelección presidencial continua y también dijo No a la postulación de Morales y Álvaro García Linera para el periodo 2020-2025.
El paro cívico del 9 de julio reactivó la resistencia regional de Santa Cruz que en 2008 lideró la llamada “media luna”, que cercó al Gobierno y generó una crisis política que derivó en enfrentamientos entre civiles con muertos, toma de instituciones del Estado y aeropuertos, y una polarización extrema.
El Comité pro Santa Cruz, candidatos de oposición y decenas de ciudadanos paralizaron la actividad económica en esa ciudad, aunque en bastiones políticos del MAS como el Plan Tres Mil el paro no fue acatado.
Para el presidente cívico cruceño, Fernando Camacho, el paro contundente fue una muestra de “convicción democrática” de los ciudadanos que sacrificaron un día de trabajo para que se organicen unas elecciones libres.
Los resultados del 21F marcaron la primera derrota electoral para el invicto Morales en un decenio. Desde 2005, no había perdido una elección o un referendo, pero ese día el destino -como diría Homero- no estuvo de su lado y los agoreros de una victoria histórica con el 70% de votos se desarmaron y culparon a Gabriela Zapata, a las redes sociales, a la oposición, a los medios y a las “fuerzas oscuras”.
La “victoria” del 21F marcó la pérdida del miedo al poder para muchos sectores y el principio para cuestionar el denominado “proceso de cambio”, caracterizado por la desinstitucionalización del Estado con la cooptación de instituciones como el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), garante del cumplimiento de la Constitución, y el guardián de la voluntad del soberano (TSE) por parte del partido gobernante.
Tres años después del 21F, la defensa de los resultados de ese proceso electoral comenzó en las calles de manera espontánea y tuvo eco en las redes sociales.
Colectivos ciudadanos, mujeres y jóvenes salieron a las calles con banderas del 21F, pusieron pañoletas y carteles a los monumentos, “escracharon” a autoridades y corearon “¡Bolivia dijo No!” en eventos deportivos, como la inauguración de los Juegos Suramericanos.
Así nació el movimiento en defensa de los votos del 21F, luego se sumaron los políticos y los dirigentes cívicos ante la demanda de las plataformas ciudadanas a que éstos asuman posición frente al desconocimiento de la voluntad popular nunca antes visto en la era democrática.
El MAS desconoció la decisión del soberano y recurrió al Tribunal Constitucional Plurinacional para “desactivar” los artículos de la Carta Magna que establecen que el Presidente en Bolivia puede ser reelegido una sola vez de manera continua.
El TCP, que no tiene competencias constituyentes, interpretó que la reelección perpetua del mandatario es un derecho humano al amparo del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y realizó una “aplicación preferente” de esa convención a la Carta Magna. No obstante, la Constitución indica que para realizar una reforma parcial del texto se requiere de un referendo.
Esa chicanería jurídica permitió la habilitación de Morales como candidato del MAS a las elecciones generales del 20 de octubre y ahora el electorado deberá definir con su voto si reelige por tercera vez al mandatario que marcó el récord del Presidente de Bolivia con más años en el poder con el arbitraje de un TSE favorable al mandatario.
El Consejo Nacional por la Democracia, las organizaciones cívicas y candidatos de oposición recientemente comenzaron a articular fuerzas y definieron que para ir a un proceso electoral debe haber un árbitro neutral.
En ese propósito de lucha demandan la renuncia de los vocales del Órgano Electoral para que los comicios de octubre sean administrados por otras autoridades, porque el Tribunal Supremo Electoral no da garantías de imparcialidad y transparencia.
Claves del paro
- Cohesión Al paro de Santa Cruz se dieron cita los candidatos presidenciales de oposición Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana), Óscar Ortiz (Bolivia Dice No), Víctor Hugo Cárdenas (UCS) y Ruth Nina (Pan-bol). Para el Gobierno fue un paro “político”.
- Más medidas Dirigentes cívicos ahora planifican un paro nacional en los nueve departamentos con las mismas demandas: renuncia de los vocales del TSE y respeto a los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016.
