> Politólogos aseguran que “vacío jurídico” respecto a dimisiones complicará el panorama electoral a poco más de tres meses de los comicios > Pamela Flores, representante del bloque de plataformas aliadas con Ortiz, reiteró la hipótesis de que “los disidentes fueron comprados”

Hemos decidido retirarnos de la alianza Bolivia Dice No; ellos nos han traicionado porque creímos que iban a lograr la unidad pero lo que hacen es atacar a Carlos Mesa”, afirmó el dirigente Harry Parada; quien también rompió papeles de propaganda de Bolivia Dice No, ante los medios, ayer en una céntrica avenida de Santa Cruz.

Los representantes de Bolivia Dice No consideran que los disidentes fueron comprados. “Utilizan esas mañas politiqueras del pasado, nosotros no queremos a esas personas”, dijo Pamela Flores, representante del bloque de plataformas aliadas con Ortiz.

Asimismo, hizo saber que “alrededor de 44 plataformas ciudadanas en todo el país aún apoyan la candidatura de Ortiz”.

Sin embargo, ante la adelantada posición del Tribunal Supremo Electoral en sentido que “no se aprobará la renuncia”, politólogos apuntaron a que “el vacío jurídico de la norma (electoral) impide resolver la situación de candidatos que renunciaron a sus postulaciones para las elecciones generales de octubre”.

“Acudir al artículo 26 de la Constitución Política del Estado (CPE) o plantear consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) son posibles mecanismos alternos ante la falta de acciones del TSE” coincidieron en señalar Fernando Arteaga, exautoridad electoral, y el analista Paúl Coca.

“El TSE tendría que aplicar el artículo 26 de la Constitución Política del Estado, porque la misma normativa permite eso, de manera preferente a la ley, entendiendo de que si bien hay leyes que limitan o que regulan de hecho, no deberían restringir definitivamente un derecho (humano), porque no quedó claro hasta cuando es el efecto vinculante”, dijo Arteaga.

Agregó que “el TSE debería resolver el tema y permitir la renuncia y la sustitución de los candidatos, porque si persisten con esa decisión los partidos políticos, sería un proceso electoral que no entraría en igualdad de condiciones y eso afecta los otros intereses de las organizaciones políticas, que están en una contienda electoral”, puntualizó.