En 2005, con un contexto altamente polarizado entre dos agendas políticas, votar significaba mucho: las elecciones ponían en juego el destino del país, la posibilidad de cambios estructurales y de un porvenir en el que todos los bolivianos nos podamos reconocer.

 No volvimos, hasta ahora, a sentir el significado crucial de nuestro voto en un acto electoral. Las elecciones venideras de octubre vuelven a cobrar importancia histórica por todo lo que la contienda electoral del 20-O ha puesto en juego. Coincido con quienes insisten en que aquí no se disputan proyectos de país, o sistemas económicos diferenciados, tampoco se trata de la simple competencia por el poder; en lo esencial creo que se juegan y se disputan dos concepciones del  poder. 

Por un lado, el poder concebido como patrimonio absoluto de quien lo ejerce, el poder que ve en la ley un instrumento al servicio de sus intereses y no el elemento que limita su ejercicio. El poder que se concibe por encima de la ley y se justifica por la imagen de un devenir glorioso, una meta histórica e infinita que todo lo vale, un sentido mayor que todo lo admite. El poder que cree que el adversario siempre sobra y que, por tanto, no admite disidencia. Un poder que autoidentificándose con el pueblo, lo asiste como a un cuerpo joven que necesita ser conducido paternalmente.

 Un poder que ya pensó y entendió en lo sustancial cuál es el bien común y va por él. Un poder que sueña con una sociedad uniforme y que en esa vía destruye ciudadanía al condenar la voluntad nacional a la voluntad del UNO.

Del otro lado, en una concepción alternativa, se entiende el poder como el ejercicio de un mandato transitorio, probablemente con un horizonte futuro más modesto, pero más responsable con la realidad actual del país. Un poder que entiende que al margen de la ley y del diálogo pluralista no puede haber vida política mínimamente digna, ni construcción de un porvenir de largo plazo.

Hace mucho que en la concepción del MAS el pueblo dejó de ser el sujeto protagónico para ser visto como el sujeto dependiente que necesita de la generosidad del UNO, basta ver cómo el gobierno hoy asiste las demandas sociales con respuestas prebendarias: “lo que sea a cambio de apoyo electoral”, en una lógica distributiva de los bienes públicos que responde al alineamiento político más que a una agenda o proyecto de futuro.

 La sumisión a cambio del pan no parece ser la mejor estrategia para superar problemas prioritarios de la agenda pública: desempleo, violencia, corrupción son temas que no se atienden con prebenda, se construyen con educación y formación ciudadana.

¿Qué lugar ocupa la ley frente al poder? La respuesta no es un detalle, es de importancia capital para la democracia, porque cuando el poder entiende a la ley como objeto de negociación, entonces  la impunidad y el fraude electoral siempre podrán estar a salvo. Creo que hoy se empieza a evidenciar lo que un país pierde cuando se perfora su institucionalidad democrática: la previsibilidad del ejercicio del poder; es decir, la posibilidad de saber hasta dónde pueden llegar sus efectos y cuáles son sus límites.

Marisel Hinojosa es politóloga