Medio: Los Tiempos
Fecha de la publicación: miércoles 28 de febrero de 2018
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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Las autoridades de oposición son procesadas con celeridad por jueces y fiscales; en cambio, las denuncias contra oficialistas se estancan. Una muestra es la sentencia de tres años y seis meses que el Tribunal Primero de Sentencia dictó en contra del alcalde Eduardo Mérida por la falsificación del certificado de su libreta de servicio militar.
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A diferencia de otros casos como el colapso del puente Independencia, construido en la gestión de Edwin Castellanos (MAS), el juicio contra Mérida terminó en un año.
El proceso por el puente comenzó a fines de 2015 y aún no se cuenta con la acusación formal. La obra fue construida en la gestión de Castellanos y colapsó en octubre de 2015, a 10 meses de su inauguración, y demandó una inversión de 13 millones de bolivianos.
“Estamos esperando la acusación formal. El proceso es lento, es criticable como otros procesos se aceleran, incluso, el Ministro Anticorrupción llegó para denunciar a la concejal Llusco; pero no dice nada del puente”, dijo el secretario jurídico de la Alcaldía, Jorge Ibáñez.
“Si se hace una comparación, hay pruebas subjetivas en el caso de Mérida y en otro caso donde hay prueba como un puente caído no hay nada”, agregó el secretario de gobernabilidad, Sergio Coca.
Otra muestra es el proceso contra seis exalcaldes del MAS y sus aliados en Quillacollo. Ricardo Mercado Mercado, Hugo Miguel Candia, Orlando Espinoza Cotari, Marcelo Galindo, Carla Lorena Pinto Bustamante y Charles Becerra Sejas están imputados por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por no concluir el Plan Maestro de Agua Potable y
Alcantarillado. El proceso fue sobreseído en 2016 y se reactivó en 2017. El daño es de 56 millones de bolivianos.
Otros casos
El senador opositor Yerko Núñez interpuso en mayo de 2016 ante la Fiscalía una denuncia formal contra del vicepresidente Álvaro García Linera por ostentar una libreta de militar, un título profesional y una cédula de identidad con datos falsos, además de ejercer ilegalmente como de licenciado, pero las denuncias no prosperaron.
En cambio, en 2016 el senador Arturo Murillo (UD) fue sentenciado a dos años por falsificar su libreta militar.
ARRANCA RECOLECCIÓN DE FIRMAS PARA REVOCATORIO
Dirigentes y ciudadanos comenzaron ayer a recolectar firmas para realizar un referendo revocatorio contra el alcalde Eduardo Mérida, que en 2015 ganó las elecciones y desplazó al candidato del MAS.
Los ciudadanos esperan reunir 31.781 firmas en dos meses.
“Tenemos 350 libros que nos ha entregado el Tribunal Electoral Departamental el anterior viernes”, dijo el ciudadano Johnson Escalera. Añadió que la acción no es política. “Nos hemos cansado de ver a nuestro municipio sin obras, no hay buena gestión”, dijo.
La mesa de recolección de firmas se instaló en puertas del Teatro Teófilo Vargas.
