De acuerdo a una nueva resolución del Tribunal Constitucional (TCP), esta prerrogativa se extenderá para todos, pues se trata de un nuevo derecho humano reconocido por los magistrados bolivianos y supuestamente amparado en las mismas normas internacionales que autorizaron al presidente Morales a repostularse las veces que crea conveniente.

La sentencia se originó como respuesta a un recurso que exigía un trato igualitario y el cese de un privilegio otorgado al primer mandatario, pero el remedio ha resultado peor que la enfermedad, pues ha quedado claro que Bolivia se ha quedado sin Constitución, que la Carta Magna no es más que un trapo sucio con el que se puede limpiar el camino hacia el totalitarismo y la arbitrariedad de los gobernantes.

La Constitución debería ser la garantía de los bolivianos para el imperio de la ley y la institucionalidad, pero la acción del TCP la ha eliminado de cuajo, abriendo la posibilidad a que en el futuro se recurra a otras perforaciones, a requerimiento de quienes pretenden gobernar sin el menor apego al Estado de Derecho. No hará falta recurrir a ninguno de los mecanismos previstos para una reforma constitucional, no será necesaria una consulta ni un referéndum, sino la decisión de una gavilla de magistrados sumisos al poder. La Carta Magna pasará a ser un simple peldaño de los impostores que han roto una de las principales columnas de la democracia.

Resulta paradójico que los derechos humanos, uno de los principales avances conseguidos por la humanidad para encauzar la organización de las sociedades, para frenar las tiranías y mantener la paz, se hayan convertido en el pretexto de los ambiciosos para involucionar y llevarnos al peligro del absolutismo, donde la ley era sinónimo de capricho de los monarcas que gozaban de la capacidad para hacer y deshacer de sus súbditos, de sus vidas y sus propiedades.

¿Qué otro derecho humano van a reclamar en el futuro nuestros gobernantes? En teoría la Constitución existe para ponerle límites al ejercicio del poder, encaminarlo hacia la ética y el servicio al pueblo, pero en la práctica, lo que se está haciendo el Bolivia es convertir al Estado y sus normas en la palanca del abuso, el descontrol y la violación de la voluntad de la ciudadanía.

El Gobierno ha dejado a Bolivia sin constitución lo que quiere decir la anulación de la soberanía del pueblo, la aniquilación del imperio de la ley, la inexistencia oficial de la división de poderes, la eliminación de los controles que limitan el accionar de los gobernantes y la instauración en el país de un sistema en el que se puede hacer política y manejar el país, sin respetar ninguno de los preceptos que aseguran la convivencia civilizada.