Lo accidentado de la legislatura y su desenlace está postergando una reflexión que parece necesaria, al igual como actuar en consecuencia. Gane quien gane en octubre, será necesario sentarse de nuevo alrededor de la Constitución Política del Estado y al menos identificar los problemas que a diario están surgiendo en la vida cotidiana y pactar al menos un itinerario que devuelva la legalidad al Estado, pues actualmente parece una caricatura de sí mismo.

Después de lo que costó firmar la Constitución, ahora resulta que el Pacto de San José  – documento convencional redactado por lobbys y súper asesores – está por encima de las propias leyes dadas en el Estado Plurinacional, algo que no deja de ser contradictorio.

Las dos sentencias que han modificado aspectos debatidos en la Constitución tienen que ver con eso. La primera es la que eliminó la limitación de mandatos a pedido del Movimiento Al Socialismo (MAS) con un solo objetivo: el de permitir la repostulación del Presidente Evo Morales. La segunda acaba de eliminar la renuncia obligatoria a cargos públicos para aquellos que deseen ser candidatos y que contenía en sí mismo una discriminación en su formulación: obligaba al último concejal del pueblo más remoto, pero no al Presidente ni al Vicepresidente.

Es la sabiduría popular la que es intransigente con el abuso de poder y con la manipulación institucional y por ende, es el pueblo quien sabrá sancionar a aquellos que utilicen sus cargos fraudulentamente

Gusten más o gusten menos, ambas sentencias modifican aspectos que tienen que ver con la percepción que los políticos – que son quienes redactan las leyes – tienen de su propio pueblo. Con matices y diferencias, la limitación de mandatos y la renuncia obligatoria tienen que ver con una visión de pueblo borrego e ignorante, fácilmente manipulable, al que hay que proteger de su propia ignorancia.

La limitación de mandatos es más propia de la tradición anglosajona, pero en una visión radical de la inteligencia popular, es el pueblo sabio y soberano quien sabrá decidir cuándo se ha acabado el tiempo de un gobernante y cuando merece otra oportunidad. Es la misma sabiduría popular la que es intransigente con el abuso de poder y con la manipulación institucional y por ende, es el pueblo quien sabrá sancionar a aquellos que utilicen sus cargos fraudulentamente o con terceras intenciones.

Obviamente que para que esto funcione es necesario una educación de calidad y general para que todos los ciudadanos desarrollen una conciencia crítica y también medios de comunicación libres que ofrezcan la información veraz a sus lectores y televidentes, que son quienes deben tomar las decisiones. En ambos casos hay que tomar numerosas medidas que el Estado, muy por encima de los Gobiernos, debe asumir.

La economía seguramente agradecerá no tener un semestre de incertidumbre institucional con cambios permanentes y gobiernos fugaces que en ocasiones tienen intenciones muy poco constructivas – cuando no directamente delictivas -, pero el asunto va más allá y necesariamente debemos revisar el marco institucional para darnos seguridad. De todo tipo. Como por ejemplo, asegurar de todas formas posibles que una consulta popular será atendida y respetada.