Desde la primera mitad del siglo XX durante treinta años, excepto un lapso breve, los gobernantes violaron la norma constitucional que desde 1826 declara que la República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática representativa. Unos, teóricamente demócratas y otros francamente dictadores, actuaron sin limitación alguna en marco absolutista.

Los primeros, de extracción civil, en mérito a conjunción entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo avasallaron al Poder Judicial y pusieron bajo su órbita al régimen municipal que por imperio constitucional no está sometido al control ni a la tutela del gobierno central. Los militares, quienes llegaron a la función de gobierno mediante vía delictiva, suprimieron al Poder Legislativo, pusieron al Poder Judicial bajo su dependencia, y anularon la autonomía de las municipalidades.

Restaurado el sistema democrático en la última veintena del siglo XX, los que llegaron el año 2006 al poder político en mérito al primer acto de voto popular del siglo XXI, reiniciaron la práctica de incumplimiento de la regla de independencia de los tres Poderes del Estado, pese a que promulgaron tres años después una nueva Constitución que declaró vigente esa norma.

De conformidad a lo establecido en el artículo 283 de la Constitución, la institución municipal, de naturaleza autonómica, en su carácter de órgano de la soberanía del pueblo, se caracteriza por su capacidad de administración independiente, atribuciones de legislación, patrimonio propio, y elección de sus autoridades sin intervención de los Poderes Legislativo y Ejecutivo. 

El Presidente de la República, quien en más de una ocasión declaró que la sujeción a la legalidad es impedimento para una positiva acción de gobierno, no intervino en el régimen municipal durante la mayor parte de su gestión. Súbitamente, introduciéndose en jurisdicción ajena, manifestó su intención de impulsar proyectos para solucionar problemas urbanos como servicios, seguridad, transporte, basura, áreas verdes.

Con la misma actitud de intrusión, el Ministro de Gobierno otorgó premios a tres municipios del Departamento de Santa Cruz, y calificó ese comportamiento como “merecido reconocimiento”.

Esas ilegales decisiones surgen únicamente del afán de lograr apoyo para otra reelección inconstitucional de los gobernantes.