Santa Cruz, el departamento que, en conjunto, es el más reacio al Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) cumplió ayer un paro de 24 horas que, más allá de cualquier apasionamiento, no alcanzó la contundencia que esperaban sus organizadores.

Con todo, la actividad laboral fue interrumpida y, si nos atenemos a los datos del Producto Interno Bruto (PIB), que señalan que Santa Cruz representa el 29 por ciento de esa medición, se estima que el paro le privó al país de un ingreso de 32 millones de dólares. Desde esa óptica, el Gobierno miente al señalar que no le afectó la protesta.

Ahora bien, si un paro en Santa Cruz puede provocar ese efecto, ¿qué si la medida es nacional? La posibilidad ya ha sido planteada, tanto por el opositor Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) como por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, así que hay que considerarla.

Para medir el efecto económico de una medida de esa naturaleza, hay que volver a revisar las cifras del PIB. Según el Gobierno, los ingresos de Bolivia durante 2018 representaron 40.500 millones de dólares. Si dividimos la cifra en los 365 días que tiene el año, encontraremos que las utilidades diarias representan casi 111 millones de dólares. Eso es lo que se perdería con un paro nacional de labores.

Teóricamente, los ingresos del país deben ser reinvertidos en los ciudadanos, pero si se toma en cuenta que el actual Gobierno utiliza una buena parte de los recursos fiscales en promocionar la imagen de su líder, el presidente Evo Morales, que además es su candidato inconstitucional a ser reelegido como presidente del Estado, entonces llegaremos a la conclusión de que un paro nacional sí afectaría al partido gobernante.

Esas son las razones que justifican un paro. Veamos, ahora, aquellas que desaconsejan la medida:

Lo primero que se debe considerar es la eficacia de los paros. Si lo que se busca es afectar económicamente al Gobierno, se debería evitar la actividad de las empresas públicas pero, como se ha visto incluso en Santa Cruz, estas trabajan con relativa normalidad, así sea a puerta cerrada.

Si las empresas públicas trabajan, el efecto económico de un paro disminuye porque la actividad laboral genera recursos.

Por otra parte, un hecho a considerar es que la gente se ha cansado de los paros.

Y el otro detalle es que no solo se asoma un paro nacional de 24 horas sino otras protestas de carácter regional. 

Por lo tanto, tenemos enfrente un panorama atiborrado de paros, medidas que pueden afectar al Gobierno dependiendo de su contundencia pero que, en definitiva, perjudican a los ciudadanos porque estos sí se ven privados del ingreso del día, particularmente aquellos que no gozan de un sueldo del sector público.