Hace algunos días, el expresidente boliviano y ahora exaspirante a la presidencia Jaime Paz Zamora renunció a su candidatura esbozando una vez más, una de sus frases que casi siempre se graban en la memoria colectiva de los bolivianos: “me encontré con un muro de hielo y con una visión de la política del siglo pasado a la hora de querer conformar su lista para candidatos para el Congreso boliviano”. El exmandatario adujo que deseaba liderar un proceso de renovación de la política, por lo que propuso que en las listas para diputados y senadores exista la mayor cantidad posible de jóvenes y de gente “nueva”.

La oposición podría realizar pactos y de esta manera priorizar la elección de asambleístas uninominales, por circunscripción, en todo el país.

Lamentablemente, el estatuto del Partido Demócrata Cristiano (PDC), que lo invitó para que sea candidato, no permitía “semejante transgresión”, por lo que lo tradicional se impuso a los deseos del exjefe del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). 

Tras dicha renuncia, las repercusiones no se hicieron esperar. Por una parte, algunos voceros del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de gobierno, de manera algo prepotente, minimizaron el hecho estableciendo que Jaime era un candidato marginal en la carrera electoral y que el hecho no había merecido ni siquiera un análisis y menos una evaluación política por parte del partido de gobierno. 

Desde la oposición la situación fue diferente. Los candidatos que todavía tienen resultados por debajo del cinco por ciento en las encuestas (MNR, Tercer Sistema, UCS, PAN Bol), quedaron en una situación incómoda, ya que fueron sujetos de la controversia.

Las redes sociales, analistas y opinión pública en general, desde distintos espacios, recomendaron que los marginales debieran seguir el ejemplo de Jaime Paz, es decir renunciar a sus candidaturas y apoyar al candidato que tiene las mejores opciones de ganarle a Evo. 

Pero hubo incluso posiciones un poco más radicales que pedían encarecidamente al candidato Óscar Ortiz de la “alianza” Bolivia Dice No, tercero en las encuestas con un 8%, que baje su candidatura y que apoye al candidato de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa. 

El argumento era aún más contundente, si Ortiz otorga tal señal de desprendimiento, Mesa podría ganar las elecciones inclusive en primera vuelta y obtener de esta manera, un requisito indispensable para gobernar con tranquilidad que tiene que ver con los dos tercios en el Congreso. 

Al parecer, estos dos argumentos provenientes de la oposición, traducirían una verdadera señal de unidad para recuperar la democracia y luchar contra la impunidad existente en delitos de corrupción, contrabando, violencia, inseguridad y narcotráfico. 

Pero siendo realistas, pensar que el tercero decline su candidatura es casi imposible ya que ha quedado claro que si bien Ortiz sabe que no tiene ninguna opción de ganar las elecciones nacionales, desea asegurar espacios de poder en el Parlamento boliviano para pavimentar el camino de cara a una nueva candidatura en las elecciones de 2025. 

No obstante, sin perder la esperanza de que Ortiz recapacite y renuncie a su candidatura, existe una alternativa adicional para negociar alguna posibilidad de alianza viable que permita conseguir una figura diferente de alternancia en el poder y que permita a los bolivianos retornar a la posibilidad de respetar el Estado de Derecho y recuperar la democracia. 

Las organizaciones políticas opositoras podrían realizar pactos y de esta manera priorizar la elección de asambleístas uninominales, por circunscripción en todo el país, teniendo en cuenta que dichas diputaciones, también son elegidas por voto popular. 

En efecto, cada organización política opositora, según su nivel de representatividad y de legitimidad, podría proponer candidatos uninominales en circunscripciones estratégicas en dónde garanticen su victoria. 

De esa manera se podría asegurar una bancada opositora fuerte y responsable que permita desarrollar un buen trabajo legislativo, pero además que sea representativa de todo el país y de todas las corrientes políticas opositoras. En definitiva, se lograría un nivel de fiscalización coherente y consistente con lo que necesita Bolivia actualmente: cero tolerancia a la impunidad de algunos poderosos y sobre todo recuperar la moribunda democracia en el país.