Por lo menos en la idea que se maneja como objetivo de esa instancia especial del sistema de desarrollo nacional, cada distrito debería contar con su respectivo estatuto autonómico y lo más importante con su reglamento aprobado para poder avanzar en la promulgación de tales instancias y manejar sus propios recursos, pero además gozar de un Estado más equitativo en la redistribución de los fondos públicos, que generados por los distritos productores deben beneficiar en determinadas condiciones a todos los departamentos, para que pueda encararse ese proceso del desarrollo sostenible e igualitario.

Se ha hecho avances sobre la materia, Santa Cruz fue el ejemplo de mostrar su estatuto autonómico, que si bien pasó por muchas instancias en el proceso de su análisis y aprobación, después de muchos años, se consideró que llegó a la instancia final, que le permita trabajar en planes elementalmente regionales, disponiendo de sus recursos, pero exigiendo igualmente el derecho participativo de los recursos estatales.

Para alcanzar esa redistribución de fondos, con la mayor equidad posible, sin favoritismo, pero tampoco con restricciones de orden regionalista, se trabajó en otra instancia denominada el "Pacto Fiscal", que también avanzó en ciertos niveles pero lamentablemente y pese a muchas reuniones de delegados nacionales, no alcanzó su reconocimiento y modo de aplicación, que fueron instancias de muchas divergencias, debido a marcados intereses de distritos productores de materia prima "natural", como el caso de los recursos estratégicos no renovables, hidrocarburos y el gas, por un lado, los minerales por otro y con un adelanto de visión en materia de metalurgia y siderurgia, para pasar luego a la competencia de la producción agrícola y ganadera del país, que también tiene sus grandes expectativas y merece importante atención para garantizar la diversificación productiva nacional.

En el nivel estatal no se han extremado todas las posibilidades para exigir la aprobación de estatutos autonómicos, por lo mismo tampoco es una obligación la transferencia de competencias del poder central a los departamentos autonómicos, por lo que el modelo centralista persistirá y las opciones regionales se mantendrán en statu quo, mientras se generalice la funcionalidad de los gobiernos departamentales autonómicos, debidamente reglamentados, una situación que por lo visto todavía no tiene fecha de aplicación.

Es natural que no exista mucho interés en la instancia gubernativa, debido a que las condiciones actuales son propicias para desarrollar una buena estrategia y política electoralista en un año, considerado clave para los fines de la repostulación presidencialista, lo que no ocurriría, si estuvieran vigentes los conceptos e instrumentos autonómicos.

El asunto del pacto fiscal se dilata en función a las posiciones en algunos casos muy radicalizadas en la defensa de supuestos "derechos" sobre propiedad de recursos naturales, su explotación, exportación y el beneficio mayoritario de los beneficios, restando valor al derecho general de los bolivianos de recibir ingresos por la venta de nuestras materias primas, lógicamente reconociendo un privilegio especial a los productores, pero no de orden exclusivista.

El tema analizado en instancias políticas preponderantemente, arroja ciertos criterios que deben ser desmenuzados ampliamente para abrir cauce a la intención de alcanzar la vigencia de un Estado Autonómico, que responda a las inquietudes de estantes y habitantes de todos los confines del país. Sólo así se podrá operar un pacto fiscal, resultado del consenso autonómico.