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Medio: Ahora el Pueblo
Fecha de la publicación: domingo 07 de julio de 2019
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones nacionales
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Se presentó como un candidato que impulsaría la “renovación generacional, de género, indígena y profesional”. Sin embargo, apenas se puso en marcha, el expresidente Carlos de Mesa optó por reunir a sus exministros y exviceministros e incluso sellar alianzas con viejos políticos.
Su equipo de trabajo, entre asesores y voceros, está conformado, en su mayoría, por exministros y exviceministros que estuvieron en función de gobierno entre 2002 y 2005, uno con Jorge Quiroga, otros con Gonzalo Sánchez de Lozada y varios con De Mesa.
“Con el círculo del fracaso del 2003 al 2005, Carlos de Mesa pretende proyectar la Bolivia de hoy, una Bolivia que estos años cambió de escala y dejó de ser un país mendigo. Con esos que fueron parte responsable de la disfunción en la gestión de gobierno del expresidente De Mesa pretendería gobernar”, indicó el analista político Hugo Siles a Democracia Directa.
En el grupo de confianza del exmandatario y exvicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada están Saúl Lara (exministro de Gobierno y exviceministro de Régimen Interior), Carlos Alarcón (exviceministro de Justicia y exministro interino de la Presidencia), Gustavo Pedraza (exministro de Desarrollo Sostenible y Planificación), Gustavo Aliaga (exviceministro de Coordinación Gubernamental) y Gisela Derpic (exprefecta de Potosí por el MNR), entre otros.
“De Mesa no incorporó a ningún ciudadano o ciudadana, en lo que conocemos o que mostró en fotografía en las redes, que sea de nueva generación (…) En definitiva, la gente vinculada con De Mesa es gente que trabajó tanto con Gonzalo Sánchez de Lozada como en su gabinete, que forma parte de una vieja escuela política asociada al gobierno del 2002 al 2005”, acotó Siles.
Este hecho fue percibido incluso por la misma oposición con la que en algún momento trató de aliarse.
El jefe de campaña de la agrupación Bolivia Dice No, Vladimir Peña, manifestó que los allegados a De Mesa proponían un proyecto que dejaba en sus manos la elección libre de sus candidatos y que su estructura partidaria era igual a cuando gobernó el país de 2003 a 2005.
“Prefirió refugiarse en el viejo proyecto personal que tiene de su gobierno (y) nosotros creemos que no es tiempo de volver al pasado (…) Basta ver quién es el candidato a vicepresidente, un exministro, basta ver a los que componen su comité de campaña, sus aliados, los exviceministros. Todo es ex ahí, desde el exvicepresidente, los exministros y los exviceministros, es para mirar el pasado”, dijo según una publicación de Cambio el 12 de abril.
A tono, el candidato presidencial de Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, dijo que De Mesa inviabilizó una alianza política debido a que solo desea estar rodeado de personas que ya fueron parte de su gobierno. “Lamentablemente él (De Mesa) parece que teme a lo que no controla y solo quiere estar rodeado de los que ya fueron parte de su gabinete, él inviabilizó la unidad”, aseguró en entrevista con Gigavisión el 27 de junio.
Consultado sobre esta situación por Democracia Directa, el asambleísta de SOL.bo Edwin Herrera dijo que no corresponde a terceras personas comentar sobre este equipo de trabajo, sino al mismo De Mesa. También se trató de contactar a José Antonio Quiroga para una entrevista, pero este señaló que no hace declaraciones y pidió que se le escribiera para dar una respuesta por escrito, hecho que no ocurrió.
Conflicto por $us 10 millones
El 30 de junio, el periódico Página Siete publicó una entrevista a Diego Ayo, por entonces vocero de la alianza Comunidad Ciudadana.
Al hablar sobre el presupuesto para la campaña electoral, Ayo dijo que esta organización política —formada por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y Soberanía y Libertad (SOL.bo)— no llega “ni a 10 millones de dólares juntando todos los aportes de la ciudadanía civil” en “ferias y quermeses”.
Pese a las críticas realizadas en contra del expresidente por ese dato, este se rehusó a dar detalles del total de ingresos que se recaudaron o del presupuesto total presentado ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Ante ello, Ortiz apeló a los medios de comunicación para exigir a De Mesa que explique cómo reunió ese capital y lo acusó de volver a implementar una política del pasado.
“Cuando Diego Ayo descubre que el presupuesto de Comunidad Ciudadana se aproxima a los 10 millones de dólares, eso huele al pasado, huele a la vieja política, a los viejos financiadores, y requiere una explicación que (De) Mesa aún no ha dado”, expresó en conferencia el 2 de julio.
El senador refirió que antes había campañas de $us 10 millones, los postulantes recibían plata por todos lados, incluso algunos pagaban por estar en las franjas de seguridad de algunas listas, y otros cobraban por ser aspirantes.
Sostuvo que De Mesa también debe explicar los $us 1,2 millones que habría recibido para ser candidato a vicepresidente por el MNR en las elecciones de 2002.
Ante la presión de todos los frentes, el jueves 4 de julio, la alianza Comunidad Ciudadana emitió un comunicado en el que informó que presentó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) un presupuesto de 52.885.100 bolivianos, que al cambio hace un total de $us 7.598.433,9.
Al conocer el dato, Ortiz indicó que el “presupuesto de campaña” comprueba las declaraciones de Ayo y que el exmandatario mintió. “Candidato @carlosdmesag había dicho que su presupuesto era mucho menor. No dijo la verdad (sic)”, escribió en su cuenta de Twitter el 4 de julio.
Más pactos
En el trajinar político de CC, el 3 de julio se sumó una alianza política con la agrupación Columna de Integración (CI), que es presidida por el exprefecto de Pando Leopoldo Fernández, sentenciado a 15 años de cárcel por la masacre de campesinos el 11 de septiembre de 2008, en Porvenir.
De CI también forma parte la senadora de Unidad Demócrata (UD) Carmen Eva Gonzales, que solicitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una intervención directa en los asuntos internos del país.
El 1 de abril, 12 legisladores opositores (entre ellos Carmen Eva Gonzales) enviaron una carta a Trump en la que le pidieron “tenga a bien interceder en América Latina y evitar que (el presidente) Evo Morales vuelva a postularse a la Presidencia”.
Si bien el asambleísta de La Paz por SOL.bo Edwin Herrera señaló que no hay ningún documento firmado con CI, Gonzales ratificó el pacto y el apoyo al exmandatario.
La alianza con CI se suma al pacto que De Mesa selló en noviembre de 2018 con el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, que lidera la agrupación Todos de Tarija. Oliva fue viceministro de Régimen Interior y Policía Judicial durante la gestión del exmandatario.
“No se puede culpar por todo a los asesores, De Mesa no tiene liderazgo”
Para el analista político Marcelo Silva, si bien es evidente que el equipo que trabaja con el candidato de Comunidad Ciudadana (CC) está integrado por políticos del pasado, no son ellos los completos responsables de la caída de popularidad que tiene esta alianza política, sino la falta de liderazgo que tiene el exmandatario Carlos de Mesa.
“Los candidatos son responsables de lo que sucede dentro de su campaña, también de su imagen, de la toma de decisiones que se establecen en el marco de estrategias políticas. Creer que el rendimiento del expresidente es pequeño en función a las expectativas únicamente de sus asesores es un error. Podríamos ver un elemento más importante, que es la falta de liderazgo del candidato”, mencionó en entrevista con Democracia Directa.
Explicó que al momento de postularse, De Mesa creó una alta expectativa en la población, misma que poco a poco mermó dado que se repiten ideas y discursos que marcaron su presidencia entre 2003 y 2005.
“Hasta ahora ha tenido una actuación política de campaña muy por debajo de lo esperado. Creo que el aspirante De Mesa ha despertado una expectativa que no llegó a culminarse. Su performance y campaña electoral hasta ahora es muy mediocre, no es un candidato que ha mostrado liderazgo”, evaluó el analista.
Si realmente De Mesa habla de renovación, puntualizó, esto se verá cuando presente las listas de candidatos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) —el plazo fijado es el 19 de julio—, en las que se verá si realmente el partido puede mostrar nuevas alternativas políticas o si cumplirá con sus promesas de tener una participación igualitaria de mujeres.
“Además, estos postulantes deben colmar otras expectativas, ya que no pueden representar solo a la clase media, sino también a las organizaciones sociales, a las clases populares y otros sectores de la sociedad boliviana”, apuntó.
¿Qué se elige?
En las elecciones generales del 20 de octubre se elegirán al presidente, vicepresidente, 36 senadores titulares (36 suplentes), 130 diputados titulares (130 alternos) y nuevos representantes ante organismos supraestatales con igual número de suplentes.
Hasta el momento están en carrera nueve binomios de igual número de organizaciones políticas, aunque el aspirante del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Jaime Paz Zamora, dimitió. El TSE debe definir esta situación.