"Hemos presentado ante la Cámara de Diputados una denuncia penal contra los dos magistrados del Tribunal Constitucional por resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes", informó Revilla durante una conferencia de prensa.

La Ley 044, aprobada en 2010, establece que la persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito en el que hubieran participado los miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), TCP, Tribunal Agroambiental (TA), del Consejo de la Magistratura (CM) y el Fiscal General del Estado cometido en el ejercicio de sus funciones, podrá denunciarlo ante la Cámara de Diputados, quien lo remitirá ante la Presidencia de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal de la Cámara de Diputados.

Dicha norma rige para el juzgamiento del Presidente, Vicepresidente, de altas autoridades del TSJ, TA, CM, TCP y del Ministerio Público.

El 24 de junio, se conoció que el TCP emitió el 16 de mayo la sentencia 228/2019 que revocó en parte un fallo judicial que rechazó una acción popular contra el ministro de Medio Ambiente y Agua, Carlos Ortuño, el alcalde Revilla y el dirigente de Achocalla, Martín Quenallata, y determinó que la Fiscalía inicie una investigación solo en contra del Burgomaestre.

La resolución fue firmada por los magistrados Espada y Hurtado, integrantes de la Sala Cuarta Especializada.

Teodoro Blanco Mollo y Simón Judas Apaza presentaron la acción contra Ortuño, Revilla y Quenallata por el deslizamiento de la macrocelda del vertedero que se registró el 15 de enero.

La decisión constitucional también establece que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua haga conocer al juez de la causa, cada 15 días, los avances de la auditoría ambiental. 

En esa línea, la autoridad edil reiteró que es "contradictorio" la sentencia de los magistrados porque establece que su persona es el presunto responsable del deslizamiento del relleno, pero también solicita que se realice una auditoría ambiental, la cual tiene el objetivo de establecer las causas de dicho colapso.

Asimismo, Revilla resaltó que la determinación del Tribunal se basa en un decreto que ya fue abrogado y evade otra normativa vigente, que establece que las licencias de funcionamiento de un relleno sanitario tienen una vigencia de 10 años.