De acuerdo con datos del Centro de Atención y Monitoreo de Acoso y Violencia Política de  Acobol,  en 2010 se registraron 23 casos; en 2011, ocho casos; en 2012, 40 casos; en 2013, las denuncias aumentaron  a  154 casos; en 2014, bajaron a  56 casos; en 2015 se registraron  21 casos; en 2016 , 65 casos; en 2017, 64 casos; en 2018 las denuncias subieron a  117. Entre enero  y  junio de lo que va del año se registraron  41 casos.

En el reporte  2018  de la Acobol se lee: “Es preocupante que, desde la promulgación de la Ley Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres (hace siete años), el avance y la implementación efectiva de dicha norma, sobre todo  en relación a la sanción de los delitos de acoso o violencia política, sea escasa o incluso inexistente”.

 Sarué, directora de Acobol, indicó que uno de los principales problemas que obstaculiza la aplicación total de la normativa es la retardación de justicia. 

 “Es en la justicia normalmente que nuestras compañeras denuncian, hacen sus memoriales para iniciar juicio y muchas veces los casos no son atendidos con su debida prontitud, y aquí se genera la retardación de justicia, mientras tanto las concejalas van sufriendo acoso y violencia”, afirmó Sarué.

Las estadísticas dejan ver que  en 2018,  en La Paz  se registró la mayor cantidad de casos, en relación a los demás departamentos. De las 117 denuncias,   58 son del departamento paceño.

“Y en lo que va del año, de las 41 denuncias de acoso y violencia política, lo que más nos alarma  es que 30 casos son del departamento de La Paz”, detalló la directora de Acobol.

 Sobre  los datos nacionales, la senadora opositora María Elva Pinckert apuntó al masismo.  “La gran mayoría de los casos provienen del partido de Gobierno y si hay retardación de justicia  es porque hay favoritismo hacia el MAS”, afirmó. 

 El diputado oficialista Lino Cárdenas manifestó que “es evidente que los operadores de justicia no están siendo eficaces en este ámbito del acoso y es necesario que tomen conciencia”. 

Encuentro

El martes,  la Acobol,    la Cámara de Diputados y otras instituciones   llevaron adelante la Reunión de Análisis y Evaluación Aplicación de la Ley 243. Al encuentro asistieron representantes  del Ministerio Público, de la Defensoría, de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia , del  Tribunal Supremo Electoral y del Órgano Judicial,  entre otras instituciones.

Sandra Silva,  en representación de Acobol, entre otras propuestas de modificación a la Ley, sugirió la apertura del tratamiento de los casos por la Vía Administrativa, debido a que “no existe un mecanismo de reclamación a través del Ministerio de Trabajo, cuando hay asuntos de retención de salarios y descuentos arbitrarios a las concejalas electas”.

En la reunión, la diputada Valeria Silva, presidenta de la  Comisión de Justicia Plural de la Cámara Baja, sostuvo que  desde que entró en vigencia de la Ley 243, “de todas las denuncias presentadas en la justicia ordinaria, en siete años, no hay una sola sentencia”.

Punto de vista
Bernarda sARUÉ  Directora de Acobol
 

Se confunde la  paridad con gestión compartida

El acoso a veces no se lo puede probar porque es acoso psicológico. Los temas de acoso no son tangibles en nuestra sociedad y ahí  actuamos y apoyamos a la concejala con pronunciamientos y una serie de cosas. 

¿Por qué se dan este tipo de casos? Principalmente es por la “gestión compartida”. Este tema no está normado en ninguna ley, nunca lo hubo, pero se dice que la alternancia es también gestión compartida, porque confunden paridad y alternancia con gestión compartida.

En casos de violencia, sí es sustentable, es demostrable porque  la violencia está dada. Por ejemplo, casos en que no les pagan salarios o  que no les convocan oficialmente a reuniones de Concejo, y al  no ser convocadas les dicen que no asistieron y que  deben ser retiradas y sancionadas de acuerdo a las normas del Concejo, pero nunca les avisaron. Esas son las dos formas.