Las de octubre serán elecciones inéditas. Alrededor del 50% de los electores tendrán menos de 35 años; además, las redes sociales concentrarán los contenidos, tanto propuestas como guerra sucia. En contrapartida, serán quizás los comicios con menos control sobre los escenarios y los protagonistas que centrarán el debate. Siete de cada diez bolivianos tiene acceso a internet. De ellos, el 94% está en Facebook y el 91% está en WhatsApp; el 40% tiene acceso a YouTube y más del 17% es parte de Twitter, según datos de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información (Agetic). No se necesita mucho análisis para concluir que quienes más vinculación tienen con estas plataformas son los más jóvenes, que conforman el grueso del padrón electoral.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) viene declarando, desde 2016, que es imposible ejercer control sobre las redes sociales. Legislar sobre internet es un asunto que se debate hace décadas a escala mundial y probablemente en Bolivia sea uno de los países donde menos recursos existen para ello, aparte del debate sobre la libertad de expresión que podría estar amenazada si el poder pretende definir qué contenidos se pueden difundir en este espacio. Empero, será precisamente en las redes sociales donde se concentrará la guerra sucia, las propuestas y los debates entre los actores políticos.

Ese también es el escenario donde aparecerán, cada día con más frecuencia, las ‘fake news’ o noticias falsas. Ha pasado en Estados Unidos, en Brasil, en México, Ecuador y en todos los países donde hubo elecciones presidenciales; sería iluso pensar que Bolivia estará al margen de esa realidad. ¿Cómo proteger a los ciudadanos del contenido tóxico que se divulgue en las plataformas sociales? Si bien es cierto que el Tribunal Electoral no tiene recursos para ejercer control de todo el espectro de las redes, su rol no puede quedar completamente al margen de estas. Las ofensas, las agresiones o provocaciones mayores, que puedan desencadenar daños o la desinformación del votante no deben ser toleradas bajo ningún punto de vista.

El órgano electoral no puede soslayar que su rol en el proceso de los comicios no es de simple administrador, sino asumir que es la máxima autoridad, llamada a proteger a los ciudadanos de contenidos dañinos, vengan de donde vengan. Para ello, tendrá que demostrar que es capaz de ser ecuánime con oficialistas y opositores. Por otro lado, los partidos políticos también están llamados a autorregularse, por respeto al elector. En su mayoría, los ataques contra los candidatos vienen de militantes o simpatizantes de partidos adversarios, cuando no se trata de mercenarios digitales, contratados específicamente para generar guerra sucia. Los electores no son tontos y también pasan factura por este tipo de mensajes. Finalmente, ahora más que nunca, los ciudadanos están obligados a estar muy atentos a los contenidos que reciben y no replicar cualquier noticia, si antes no se verifica. En tiempos de redes sociales, todos podemos ser responsables de que la elección nacional se libre en una cloaca de mensajes tóxicos o de exigir más debate de propuestas que guerra sucia.