Para emitir un juicio al respecto es preciso poner el tema en contexto. Hay que recordar que antes de la llegada del MAS al gobierno existía en Bolivia el financiamiento estatal para los partidos políticos, como una forma de garantizar campañas transparentes y evitar el financiamiento oscuro.

El fondo era de 40 millones de bolivianos anuales, pero fue suprimido. Con ese dinero se creó otro  fondo  destinado a ejecutar proyectos en favor de los discapacitados, los que al final no recibieron los beneficios de los programas, según una investigación realizada por la Agencia de Noticias Fides (ANF) en 2016.

El Gobierno, al eliminar el financiamiento estatal, dio un fuerte golpe a los partidos de la oposición porque los dejó sin recursos para hacer proselitismo, frente a un partido oficialista que durante los 13 años de gestión ha dispuesto de los recursos estatales como si fueran propios.

Este año, la Ley de Organizaciones Políticas ha repuesto el financiamiento estatal, que está cifrado en 35 millones de bolivianos, pero será manejado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la colocación de campaña en los medios de comunicación.

Un reciente reporte del economista Julio Linares, basado en el Presupuesto General del Estado, indica que el Gobierno gastó 6.000 millones de bolivianos en comunicación y propaganda desde 2010 y que únicamente este año está destinando mil millones de bolivianos para ese fin.

Como es sabido, la propaganda gubernamental termina siendo campaña electoral, tal como se puede observar en cada una de las transmisiones en vivo que realiza Bolivia Tv de los actos del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera.

Al margen del presupuesto, el binomio masista, sus ministros, legisladores y otras autoridades locales hacen uso del aparato estatal para la campaña, lo que incluye aviones, helicópteros, buses, instalaciones públicas y otros medios logísticos.

Al margen de eso, los funcionarios públicos están obligados a aportar un porcentaje de su sueldo para la campaña electoral.

En ese contexto, los cuestionamientos del oficialismo a los gastos de campaña de Comunidad Ciudadana o de cualquier opositor resultan ser una inmoralidad porque no existe punto de comparación entre unas cifras y otras.

Sin embargo, Comunidad Ciudadana ha asegurado que la cifra señalada por Ayo está alejada de la realidad, por lo que éste tuvo que renunciar a la vocería del partido.

En todo caso, el tema ha permitido abrir el debate sobre el presupuesto y el financiamiento de los partidos que disputarán el Gobierno el 20 de octubre.

Hasta ahora, hubo acusaciones de uno y otro lado, pero lo cierto es que los tres mejor posicionados en la preferencia (MAS, CC y Bolivia Dice No)  se han negado a revelar cuánto gastarán en la campaña o han dado cifras poco creíbles, las que también han declarado al TSE. 

Lo que está claro es que no se puede hacer campaña sin dinero y que, en ausencia del financiamiento estatal en efectivo, lo que les queda a los partidos es recaudar fondos de sus adherentes. Sin embargo, esos recursos no deben ser del narcotráfico ni de empresarios que luego cobren la factura, como ocurrió con Odebrecht  en América Latina.

Lo otro sería que los candidatos siempre sean magnates de los negocios y que financien sus campañas con su propio patrimonio, como lo hacía Samuel Doria Medina. Pero, esta es una excepción.

Los partidos tienen la obligación de transparentar sus cuentas y deben hacerlo ante el TSE que, a su vez, debería transmitir esa información para la ciudadanía.