“De todas las denuncias presentadas en la justicia ordinaria por acoso y violencia política en siete años, no hay una sola sentencia. Tenemos todavía escollos en la práctica política de las mujeres; por ejemplo, en la devengación de salarios a las concejalas”, indicó Silva. 

Distintas instituciones estatales,   convocadas por  dicha comisión,  se dieron cita ayer en el Palacio Quemado  para evaluar la puesta en marcha de la Ley  Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres. 

A la reunión asistieron representantes de  la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), de la Fiscalía General del Estado, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y  de la Policía Boliviana, entre otras.

Silva destacó la participación de la mujer en las decisiones políticas en Bolivia; asimismo, señaló que se tiene  que hacer algunos ajustes a la norma. Por esta situación, la Comisión de Justicia Plural adecuará la norma con el propósito de velar por  los derechos de las mujeres que ejercen algún cargo público, según una nota de prensa de la Cámara de Diputados. 

En abril se conoció -según el  estudio La desigualdad de género en un contexto de paridad, realizado en 2016- que en  la Asamblea Legislativa, el 75% de las legisladoras de esa instancia  nacional fueron  víctimas de algún tipo de acoso y violencia política.