Cuando la política se convirtió en la única manera de conformar los cuerpos directivos de los Estados surgieron los políticos profesionales; es decir, aquellos con la capacidad suficiente para vivir de aquella.

En el concepto tradicional de política que persiste en Bolivia, los partidos pugnan por llegar al poder porque a través de este lograrán controlar los recursos de un país. Una vez convertidos en gobernantes, su remuneración será cubierta con recursos fiscales. Pero, como ya apuntamos varias veces en este mismo espacio, ese modelo de subsistencia, basado en un salario del sector público, ya ha pasado a la historia.

En la Bolivia de hoy, como en el resto de los países, el sueldo ha dejado de ser la única fuente de ingresos porque existen otros, especialmente los sobornos por la adjudicación de obras millonarias. Por tanto, un cargo público ya no es atractivo por su sueldo sino por los sobornos que posibilitará.

Los políticos profesionales, entonces, apuntan a conseguir un cargo público para que, a partir de ahí, puedan conseguir ingresos extraordinarios mediante adjudicaciones y otros menesteres inconfesables. Frente a eso, el sueldo ha perdido importancia.

Pero este otro modelo de político profesional, ese que se sirve del Estado, también ya es cosa del pasado porque los hechos demuestran que existen otros tipos. Si los que dependen de un cargo público para tener ingresos deben estar en el ejercicio del poder, ¿qué pasa con los que no? ¿De qué viven los opositores?

Un secreto a voces era que los partidos recibían financiamiento externo, muchas veces de bloques de países —como fueron en su momento el capitalista y el comunista— y otras de partidos del exterior o bloques de organizaciones políticas. Ese dinero no solo estaba destinado a gastos básicos de funcionamiento sino también a pagar el costo del tiempo que dirigentes y asesores invertían en los partidos. En otras palabras, estas personas recibían un salario por hacer política así que, en los hechos, eran políticos profesionales.

Las fuentes de financiamiento de los partidos son diversas así que no extrañó que las empresas privadas ingresen al juego y su dinero sirva para financiar partidos políticos. El caso emblemático de fines del siglo XX fue el de Max Fernández Rojas, que fundó su propio partido, Unidad Cívica Solidaridad (UCS), y lo manejó como otra de sus empresas. Así, los dirigentes de UCS percibían sueldos que compensaban el tiempo que le dedicaban.

Debatir sobre la ética que puede conllevar el que existan políticos con sueldo requeriría volúmenes. Por una parte, que un político cobre por actuar en función a un proyecto de país no parece tener demasiada moral pero, por otra, nadie puede regalar su tiempo a cambio de nada porque esto tampoco es ético.

En ese marco, ¿qué se puede pensar de una persona que, según versiones no desmentidas, cobró 1,5 millones de dólares para ser candidato a la Vicepresidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada? Y, en ese mismo marco, ¿qué se puede decir de otra que hacía doctrina política y cobraba por ello un sueldo de director de una fundación que era mayor al del presidente del Estado?

Como se ve, en todos los casos hablamos de políticos profesionales, de gente que vive de la política y que no solo cubre sus necesidades básicas con la remuneración que recibe, ya sea del Estado o de organizaciones políticas de oposición, sino que hasta puede llegar a acumular fortuna con ello. Y estas son las personas que se nos presentan como salvadoras de la Patria y de la sociedad.