De muy poco sirven las prevenciones sobre la prohibición que existe para no usar bienes del Estado en las campañas electorales; puesto que las prohibiciones e incitativas no encuentran eco en quienes, abusivamente, disponen de todo lo que posee el Estado y que está confiado a determinadas autoridades de gobierno. Y es que se ha hecho normal que esos bienes sean dispuestos discrecionalmente para la propaganda y publicidad de candidatos cuyo partido o patrocinador de la candidatura, dice contar con los medios partidarios propios para las campañas.

Oficinas, vehículos, aviones, helicópteros, lanchas en los ríos del oriente y norte del país, además implementos que son de propiedad de las diferentes dependencias públicas, se utiliza vulnerando leyes y otras disposiciones que prohíben expresamente el uso (mal uso) de lo que no les pertenece y cuando dejan de utilizarlos no siempre es en las debidas condiciones. Por supuesto, en el caso de vehículos, aviones, helicópteros y otros, los gastos de mantenimiento, gasolina y otros son solventados por la dependencia estatal que corresponde y nada sale de las arcas o bolsillos del candidato o del partido o grupo político-partidista.

El Tribunal Supremo Electoral ha hecho conocer que este tipo de uso de bienes estatales está prohibido; pero la colectividad se pregunta: ¿Quién cumple? ¿Cuántos candidatos hacen “oídos sordos” ante cualquier prevención o prohibición? Lo lamentable es que se abusa inclusive de algunos medios de comunicación que pertenecen al Estado y lo hacen, además, en forma exclusiva, sin compartir siquiera mínimamente con otras candidaturas o darles la misma oportunidad que tiene el elegido que, si no cumple, “se atendrá a las consecuencias”.

Existe una convicción y sentimiento en la colectividad nacional: es la Contraloría General de la República la que debería controlar y vigilar el uso correcto de los bienes del Estado y si hay alguna contravención a disposiciones expresas, dar a publicidad esos extremos e imponer las sanciones correspondientes; pero esa misma colectividad conviene normalmente en preguntar: ¿Existe todavía la Contraloría? Porque, que se sepa, “no se la siente”.

El problema es grave y si realmente el TSE es independiente y tiene autonomía para obrar, tendrá que hacer cumplir las leyes y prevenir a quienes usan los bienes del Estado y no quedarse tranquilo con una simple publicación que señale la prohibición.

Es tiempo de que, finalmente, se restablezca de alguna manera la institucionalidad en el país, pero con las atribuciones que fijan las leyes y, además, con la energía y autoridad debidas para que sus disposiciones señaladas por la Constitución y las leyes se cumplan y no queden en simples anuncios o prevenciones sin fuerza alguna.