La tercera vez que la Fiscalía citó al empresario Edwin Santos Saavedra Toledo, lo hizo un día después de que había salido del país. El domingo emitió una orden de aprehensión contra uno de los propietarios de la empresa Tersa, porque el fiscal Samuel Lima, encargado de investigar el daño en el entierro sanitario de Alpacoma, consideró que si Saavedra podía viajar a otros países, no tendría problema en presentarse en La Paz.

Pero ahora, el Ministerio Público se ampara en una sentencia constitucional que encontró responsabilidades en la Alcaldía por el presunto daño ambiental generado por un deslizamiento que afectó al relleno sanitario de Alpacoma, para sostener que puede imputar al alcalde de La Paz, Luis Revilla.

Saavedra es accionista mayoritario de la empresa de Tratamiento Especializado de Residuos Sólidos y Servicios Ambientales (Tersa), encargada precisamente del tratamiento de basura de La Paz, e implicado en el caso denunciado por la diputada Betty Yañíquez (MAS), en contra del concejal Fabián Siñani y el exfuncionario Giovani Gemio, porque la esposa del primero era abogada de la empresa Tersa.

Por esto, sumado al caso de otro proyecto de Saavedra, el World Trade Center, en el que la cónyuge de Siñani supuestamente tramitó el cambio de uso de suelos, el concejal suspendido de Sol.bo está acusado por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

El empresario fue citado en dos ocasiones anteriores, y no se presentó. El tercer intento se produjo el 26 de junio. Al día siguiente, el 27, la defensa del empresario presentó un memorial acompañado por una copia de su pasaporte. “Se encuentra fuera del país por razones inherentes a su actividad empresarial, así también como a su condición médica, teniendo programado retornar al país el 10 de julio de los corrientes, extremo por el cual se le hace materialmente (imposible) apersonarse ante su autoridad, por lo que solicita se señale nuevo día y hora de audiencia de la declaración testifical”, se lee.

El fiscal Samuel Lima explicó que no aceptó el argumento de la defensa y emitió la orden de aprehensión porque si el empresario se ausenta al exterior, “eso significa que puede viajar, así que no tendría problema en presentarse a nuestra convocatoria y prestar su declaración”.

En ese marco, aparece un nuevo elemento que complica a Saavedra como socio de Tersa. El fiscal departamental de La Paz, William Alave, afirmó que el alcalde Revilla puede ser imputado por el deslizamiento en el relleno, porque existe una instrucción del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que encontró responsabilidades.

“Sí, se puede imputar (a Revilla) porque existe una instrucción por parte del TCP que nos dice que la Alcaldía tiene responsabilidad penal y, por ello, la Fiscalía debe considerar la imputación, ya sea por incumplimiento de deberes y otros delitos como peligro de estrago”, dijo el fiscal Alave.

El mismo fallo establece que el Ministerio de Medio Ambiente no tiene responsabilidad en el hecho. Alave señaló que el fiscal del caso valorará la sentencia constitucional y definirá sobre la imputación contra Revilla.

Alave remarcó que en este caso se investiga la situación de peligro a la que se expuso a la ciudadanía con el deslizamiento de lixiviados. Afirmó que ese material tóxico llegó a los ríos generando una contaminación para los habitantes.

Revilla se refirió al tema y dijo que es un caso totalmente falso; pidió a Saavedra a prestar declaraciones para aclarar el caso. “He instruido que todos, cualquier funcionario municipal, como yo lo hago siempre, asista para aclarar esta falsa acusación”, aseveró.