El dirigente Franz Gallegos relató que desde entonces el Gobierno se ensañó con los principales representantes de la asociación de los cocaleros porque rechazaron la ley y perdieron su abrogación incluso remitieron una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que fue rechazada en octubre del 2017. Consideró que el recurso legal impulsado por ese sector generó la molestia de Evo Morales.

“El Gobierno tiene un plan populista de dominación y sometimiento a las organizaciones sociales que no están de acuerdo con sus políticas. Al ser dirigente de una zona productora de Coca que es el Chapare, quiso que nosotros los reconozcamos como legales. Trató de aniquilar a nuestros líderes porque rechazaron esas intenciones, la clara muestra de todo eso es la detención injustificada de Franclin Gutiérrez, no se le puede probar nada sobre la participación de la muerte del teniente Daynor Sandoval”, puntualizó Gallegos.

En enero del 2017, tras conocer el contenido de la norma en cuestión, el exejecutivo de esa organización, Hernán Justo Zenteno anunció el quiebre de la alianza con el gobierno. Rechazaron la ampliación de la superficie de cultivos legales de la planta de 12.000 a 22.000 hectáreas, de las cuales 7.000 se encuentran en el Trópico de Cochabamba. Además, dispuso la legalización de plantaciones de coca en otra zona del país.

Durante un acto público realizado en el Trópico de Cochabamba, el presidente del Estado y de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Evo Morales, promulgó la ley el 18 de marzo del 2017. A partir de entonces las protestas y el malestar de los cocaleros de Los Yungas se hizo evidente.

RECURSO

Al ver que sus reclamos no tuvieron efecto, en abril de ese mismo año acudieron a legisladores opositores para plantear dos acciones de inconstitucionalidad abstracta contra los artículos 15, 16 y 17 de la ley. Básicamente, se oponían a legalizar el cultivo en zonas no ancestrales, la mayoría de estas ubicadas en el trópico.

Sin embargo, seis meses después Tribunal Constitucional emitió una resolución de rechazo al recurso legal que presentaron.

“La Sala Plena del TCP resuelve declarar la constitucionalidad de los artículos 15, 16 y 17 de la Ley General de la Coca 906 de acuerdo a los fundamentos vertidos precedentemente”, señala el fallo que salió el 12 de octubre de ese año.

En esa oportunidad, Gutiérrez dijo que la ley afecta las pretensiones de Adepcoca, porque legalizaron los cultivos ilegales en el norte de La Paz. Consideraron que la producción de la hoja no debería permitirse en el trópico cochabambino por ser un área no tradicional ni ancestral de cultivo.

PERSEGUIDOS

Desde entonces, los cocaleros se movilizaron en reiteradas oportunidades rechazando la normativa, además denunciando que los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) estaban erradicando cultivos de coca que están dentro del cordón legal de producción.

En agosto del 2018 los efectivos del FTC ingresaron a la localidad de La Asunta para cumplir con esas tareas. Anoticiados los cocaleros, resolvieron rechazar el ingreso de los policías. Ambos bandos se enfrentaron y dejaron el saldo de tres muertos, dos cocaleros de la Central Puerto Unido de La Asunta y el teniente Daynor Sandoval.

El Gobierno y la Policía apuntó a Franclin Gutiérrez como el principal responsable del deceso del uniformado.El dirigente se entregó a la Policía demostrando que no tenía nada que ver con esas acusaciones.

La justicia determinó la detención preventiva, tenencia, porte o portación ilícita de armas de fuego, atentados contra la seguridad y medios de transporte, fabricación comercio o tenencia de sustancias explosivas asfixiantes, lesiones graves y leves, atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado e instigación pública a delinquir.

El representante legal de esa organización, Sergio Pampa se quedó al frente de los cocaleros, quien también es perseguido político por el gobierno, se declaró en la clandestinidad.

El abogado de esa organización, Omar Durán, informó que el dirigente tiene dos órdenes de aprehensión: el primero por las agresiones del director de la Dirección General de Industrialización y Comercialización de la hoja de Coca (Digcoin) Martin Serrudo. El segundo caso es por el asesinato del secretario de Hacienda del Consejo de Federaciones Campesinas de Yungas (Cofecay) afín Al MAS, Eduardo Apaza.

El dirigente de la central de La Asunta, Freddy Quispe, informó que tiene una orden de captura por los enfrentamientos en agosto del año pasado. Además, sus compañeros de lucha Elmer Gallardo, Eddy Miranda y Eleuterio Mamani también fueron procesados por esos hechos, este último está detención preventiva en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz.

“De esta regional debemos ser alrededor de 50 cocaleros que tenemos procesos en la justicia, sólo por defender nuestros cultivos de coca y rechazar la Ley 906. A nivel de Adepcoca existen más de 200 compañeros que estamos siendo perseguidos por este gobierno”, subrayó el dirigente.