| Arquitecta [email protected] |  30 jun 2019 | Ed. Imp.

Un tema que debería ser de sumo interés, tanto para políticos como para la población en general, es la vivienda, pues es una de las necesidades más importantes para la estabilidad física y espiritual de las familias, especialmente para los hogares que tienen como cabeza de familia a una mujer. 

La Constitución política en su artículo 19 instituye el derecho humano para hombres y mujeres a una vivienda adecuada y digna para vivir bien. El tema de la vivienda es la expresión clara del sistema capitalista, pues es donde se mercantiliza la tierra y la vivienda para la acumulación del capital.

Si queremos avanzar y profundizar el proceso de cambio hacia un sistema más social, el Estado debe tomar medidas en contra de esta forma de apropiación puramente mercantil e individualista y orientar sus políticas hacia un sistema de propiedad colectiva o comunitaria y a la construcción social de hábitat. 

Nuestra Constitución, junto con el derecho a la vivienda, también garantiza el acceso a servicios básicos, agua potable, luz eléctrica y saneamiento básico, en igualdad y calidad de condiciones para todas las personas del país. 

Si bien es cierto que en el último tiempo el Gobierno ha entregado viviendas sociales en cantidad mucho mayor que en épocas neoliberales, los costos, el método de construcción y la forma como se ha manejado, no ha significado ningún proceso de transformación, pues algunas familias y especialmente las mujeres no han podido ser objeto de crédito para acceder a ellas.

Las políticas de vivienda no han tomado en cuenta la situación en la que se encuentran las mujeres en relación a la vivienda, por ejemplo no se ha realizado una investigación profunda sobre la desigualdad entre mujeres y hombres en el acceso a la vivienda y a los servicios básicos. La realidad nos muestra que son ellas las que menos posibilidades tienen para ejercer el derecho a la tierra y a la vivienda.

En tal sentido, y pensando que podemos iniciar un camino que cuestione y evite mayor acumulación del capital a partir de la necesidad de acceso a la vivienda , apelamos a un proyecto desarrollado en Cochabambaen la gestión 2010 – 2015 por arquitectos y sociólogas sensibles, apoyados por la ONG sueca We Effectt, que propone crear el Banco de Tierras. En este banco, el Estado debe ser el responsable de la adquisición de terrenos con precios bajos y aptos para la urbanización. Posteriormente, y cumpliendo con todas las normas legales y a bajo costo, se entrega a organizaciones sociales en propiedad colectiva o cooperativa, para la construcción. Allí no se permitirá la venta como en las inmobiliarias, sino solo transferencias hereditarias o devolución de los gastos invertidos sin plusvalías, en caso de dejación de la vivienda.

Para otorgar vivienda, se debe dar prioridad a familias que tienen jefatura femenina, pues se conoce que 3 de cada 10 familias en Bolivia tiene esta característica y en muchos casos son los hogares más pobres. Esta urbanización debe contar con todos los servicios básicos y equipamientos especiales tales como centros de cuidado de niños, comedores populares, centros de terapia para abuelos y para personas con discapacidad, espacios de recreación para jóvenes y adolescentes y, sobre todo, seguridad para evitar todo acto de violencia. El Banco de Tierras, al no tener como objetivo la ganancia, puede ser una buena respuesta para que las mujeres puedan acceder a una vivienda, aún sin tener un empleo formal.