“Dentro del derecho constitucional, él simplemente se ha abstenido a la declaración informativa”, confirmó el fiscal Juan Carlos Trigo, que lleva adelante la investigación.

La investigación se abrió a denuncia de una dirigente de los gremiales, quien fue víctima de los toques impúdicos del Gobernador, hecho que fue filmado. La mujer acusa a Urquizu por el delito de abuso sexual, cuya pena es de seis a 10 años de privación de libertad.

“La presunta víctima presentó denuncia por abuso sexual y se ha puesto a conocimiento del juez el inicio de la investigación, luego de haberse admitido la denuncia por el fiscal de turno que consideró se cumplió todos los requisitos”, explicó el lunes el fiscal Mauricio Nava.

El abogado de la víctima, Elvis Ovando, denunció que su cliente ha sufrido amedrentamiento de parte de funcionarios de la Gobernación, la Alcaldía y dirigentes gremiales, no sólo por teléfono, sino también en persona.

“Lo último que le han dicho es que por el bien de ella y de su sus hijos tendría que retirar la denuncia”, señaló el jurista.

Anunció que se pedirá al Ministerio Público que intervenga para obtener el registro de llamadas de la víctima y que, además, identifique a quienes le fueron a hablar.

El abogado también denunció que actitudes del Ministerio Público ponen en duda la transparencia de la investigación. Afirmó que se está ocultando información de forma maliciosa.