El próximo 20 de octubre, la población elegirá a las nuevas autoridades nacionales para el periodo 2020-2025, en medio de una creciente incertidumbre, ausencia de imparcialidad y transparencia de un Tribunal Supremo Electoral cooptado por el partido gobernante, que define las directrices de un órgano que definitivamente no es “independiente”. Sus miembros han dado muestras de servilismo, sumisión y complicidad a este régimen autoritario que permanentemente trasgrede y viola la Ley 026 del régimen electoral.

El presidente y candidato a la reelección contravino las disposiciones emanadas en el artículo 119 inciso f) que restringe el ofrecimiento de dinero o prebenda de cualquier naturaleza. El 18 de junio en ocasión de la entrega de atajados en Morochata, prometió al alcalde Pedro Mercado “si me garantizan el 100 por ciento (de votos), lo que ustedes pidan el próximo año”. Tales afirmaciones constituyen delitos electorales sancionables por un TSE que simplemente optó por el silencio ante el ofrecimiento prebendal de obras a cambio de votos.

Las prácticas clientelistas de intercambio de favores, a las que recurre Morales para comprar conciencias y voluntades, vulneran también el reglamento de propaganda y campaña electoral que en su artículo 26, parágrafo III, establece que la propaganda gubernamental difundida en el periodo desde la convocatoria a elecciones generales hasta 30 días antes de la jornada de votación, no deberá contener mensajes que soliciten el voto, que promuevan candidaturas, difundan ofertas programáticas o se refieran a los partidos políticos y alianzas participantes en el proceso electoral.

Durante trece años el presidente recurrió a este libreto en época electoral. El 3 de noviembre de 2009 en Oruro, a solo 30 días de los comicios generales del 6 de diciembre, pidió el voto de la población para ser reelegido a condición de entregar obras. Dos días después, ofreció crear una universidad intercultural de música a cambio de votos.

El 20 de marzo de 2010 en Sucre, a un mes de las elecciones subnacionales, ofreció 500 millones de dólares de inversión, si los candidatos del MAS ganaban los comicios. El 17 de mayo de 2019, en ocasión de entrega de infraestructura educativa en Caranavi, aseveró “si es 100 por 100 el 20 de octubre, lo que ustedes pidan, compañeros. Vamos a controlar eso, voy a ver eso”.

Ofrecer obras por exigencia de votos a favor del candidato cocalero, desnuda un alto grado de desesperación en las filas oficialistas que, por un lado, pretenden ratificarse en el poder ante una ciudadanía desencantada y la inminente perdida de su caudal de votación y, por otro, evidencia la falta de contenido del discurso populista acuñado en su “proceso de cambio”. Bajo ese discurso, fueron creados imaginarios simbólicos legitimantes y retóricos de un gobierno pseudoindígena a la cabeza de su caudillo irremplazable; edificando antagonismos y luchas perversas entre el pueblo y los vendepatrias; entre los oligarcas y los pobres; los de izquierda y los de derecha.

Al parecer, Morales y sus acólitos no están midiendo las consecuencias de sus actos que transgreden groseramente la norma jurídica electoral; la utilización discrecional de bienes y recursos del Estado como si fueran propios; así como los continuos chantajes, amenazas y condicionamientos de entrega de obras a cambio de votos, están generando molestia e incomodidad en un electorado cansado de este abuso de poder y que podría darle más de un dolor de cabeza a sus pretensiones electoralistas (efecto boomerang). Finalmente, es deber y obligación constitucional del TSE actuar en consecuencia, tal como sucedió el 2014 en Beni, cuando anuló la personería jurídica de UD, dejando fuera de la carrera electoral a Ernesto Suárez; aunque esto sea pedir demasiado, dada la inaceptable y deplorable actitud servil de su presidenta y vocales.

El autor es MGR. Docente e Investigador UMSS – Cbba.