La Sala Constitucional Tercera de El Alto, constituida en Tribunal de Garantías, este 14 de junio, falló a favor de la concejala de San Pedro de Curahuara, Vicencia Apaza, quién presentó una acción de amparo constitucional tras ser suspendida del cargo, y determinó la anulación de la suspensión emitida por el Concejo Municipal de esa localidad.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, quien estuvo en la audiencia de amparo constitucional, informó que el Tribunal consideró que los derechos al trabajo, petición, presunción de inocencia, defensa y debido proceso de la concejala Apaza, fueron vulnerados por los concejales, por lo que se le concedió la tutela solicitada y determinó que ella no puede ser alejada del cargo hasta que se verifique la suspensión o pérdida de mandato mediante una resolución ejecutoriada.

A fines de 2018, se conoció que Apaza era víctima de acoso político por parte de sus colegas, en esa oportunidad denunció que era sistemáticamente aislada, le negaban información de las sesiones e incluso el acceso a documentos.

Apaza tras ser alejada del Concejo Municipal, presentó ante la Defensoría del Pueblo una denuncia de acoso político por parte de sus pares, por lo que la institución inició una investigación y se constituyó, junto a la Asociación de Concejalas de La Paz (Acolapaz) y la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), el tercero interesado en la acción de amparo constitucional presentada por la concejala ante el Tribunal Departamental de La Paz en contra del presidente, vicepresidenta y secretario del Concejo Municipal y del Alcalde de ese municipio.

Cruz explicó que en la audiencia, la Defensoría del Pueblo argumentó que las resoluciones emitidas para suspender del cargo a la concejala fueron arbitrarias y que éstas no estaban enmarcadas en la normativa válida para autoridades municipales electas y por ello debían considerarse como medidas de hecho en contra de ella.

Asimismo, dijo, que se dio a conocer que tras una investigación se comprobó hechos de acoso político en contra de Apaza con la finalidad de acortar o suspender su mandato sin un fundamento legal establecido en normativa interna o normativa nacional.