El TSE señaló que la denuncia remitida ante el juez electoral señala en su parte conclusiva que el “candidato presidencial Evo Morales Aima habría incurrido en las posibles faltas electorales por inobservancia de los Artículos 116, inciso a (sobre el periodo de propaganda electoral) y 119 parágrafo I inciso f (ofrecimiento de dinero o prebenda) de la Ley 026 de Régimen Electoral”.

La presidenta del Órgano Electoral, María Eugenia Choque, explicó que será el juez electoral quien defina en última instancia si corresponde una sanción o no para el primer mandatario. Dijo que la multa podría ser pecuniaria, es decir, económica.

La Ley 026 de Régimen Electoral, en su artículo 120, señala que la vulneración de la norma “dará lugar a la imposición de sanciones y multas a la organización política y/o candidatura infractora y al medio de comunicación que la difundió, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan”.

El Reglamento de Campaña y Propaganda electoral, en su artículo 34, señala que toda contravención de las disposiciones que regulan la propaganda electoral constituyen falta electoral.

La norma indica que las multas son: para partidos políticos, una multa equivalente a 10 salarios mínimos al momento de la comisión de la falta; para candidaturas, una multa equivalente a 5 salarios mínimos; para medios de comunicación, 5 salarios mínimos, y para particulares, una multa de 2 salarios mínimos. El salario mínimo oficial para 2019 es de Bs 2.122, por lo que Morales se expone a una multa de hasta Bs 21.220.

El presidente Morales pidió el 18 de junio al alcalde de Morochata que si le garantiza el 100 por ciento de votos entonces le dará todas las obras que quiera. Morales pidió disculpas cuatro días después y aseveró que se trató solo de un chiste.

Sin embargo, no es la única denuncia que pesa contra el oficialismo. La oposición acusó al MAS por coacción electoral y obstaculización de procesos electorales, debido a las declaraciones de un dirigente del norte de Potosí, que advirtió con envenenar a los opositores que ingresen a hacer campaña en esa zona.

Al respecto, el vicepresidente del TSE, Antonio Costas, explicó que el Órgano Electoral “no podemos procesar las expresiones, sino las acciones y se presenta alguna acción que entorpezca la elección y se afecte cualquiera de las tareas que llevamos, nosotros vamos a actuar en el marco de la ley y el Ministerio Público tiene que actuar”.

El diputado Rafael Quispe también presentó una denuncia por uso de bienes del Estado en un acto del colectivo oficialista Columna Sur en Cochabamba.

El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, aseveró que el Gobierno rechaza las advertencias del dirigente del norte de Potosí y garantizó que los opositores podrán hacer campaña “en los lugares que vean conveniente”.

A su vez, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, rechazó el inicio de investigaciones del TSE sobre Evo Morales, pero dijo que aceptarán el proceso porque respetan la institucionalidad.

Al menos tres denuncias pesan contra el MAS por delitos y faltas electorales

OTRA DENUNCIA DE ACARREO DE VOTANTES EN PANDO

Vecinos de la localidad de Blanca Flor, en el municipio de San Lorenzo, en Pando, denunciaron que autoridades de la zona están trasladando desde Riberalta, en el lado beniano, a decenas de personas para que se registren en la localidad pandina, con el fin de votar en las elecciones generales del 20 de octubre de 2019.

Según el portal Pando Visión, estas personas llegan en la noche a empadronarse a Blanca Flor y evitan dar explicaciones sobre su inscripción.

Se trata del segundo municipio cercano a Riberalta con denuncias por acarreo de votantes. El primero fue el caso de una notaria electoral que estaba empadronando en Riberalta para votantes del municipio de Gonzalo Moreno. La notaria fue filmada y se inició una querella penal en su contra desde la Fiscalía de Pando.