Medio: La Razón
Fecha de la publicación: jueves 27 de junio de 2019
Categoría: Órganos del poder público
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La Fiscalía concluyó la investigación y presentó una acusación formal en contra del alcalde suspendido de Cochabamba José María Leyes por el caso Mochilas I, lo que abre paso al juicio oral. También están involucrados en la acusación otras seis personas por un sobreprecio en la compra de mochilas y material escolar.
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Leyes permanece en la cárcel y ahora se lo acusó por los delitos de Incumplimiento de Deberes, Uso Indebido de Influencias, Contratos Lesivos al Estado, Negociaciones Incompatibles con la función Pública y Conducta Antieconómica. El fiscal de materia Faridy Arnez informó de la formalización de la acusación.
En abril de 2018 fue presentada la denuncia por un presunto sobreprecio de Bs 11 millones en la compra de mochilas y material escolar para la gestión 2018. Los 93.000 morrales comprados tenían un costo de Bs 12,4 millones y la adquisición hecha por la Asociación 26 de Febrero, en China, fue por Bs 1,4 millones.
“El día hoy se presentó ante el juez, que conoce la causa, la resolución conclusiva de acusación contra José María Leyes y otras personas. Una vez que dicho juez remita la causa ante el Tribunal de Sentencia que corresponda, dependerá de esta instancia todo lo inherente al juicio oral público y contradictorio”, explicó en un boletín institucional.
También fueron acusados Diego B. M. B., José M. P. P., Carolina A. R., Ana G. G. M., Rene M. E. y María René R. R..
Recientemente el alcalde suspendido se benefició con la detención domiciliaria, pero no pudo hacerla efectiva porque se mantiene vigente la detención preventiva por el caso Mochilas II, que II también tiene que ver con denuncias de sobreprecios e irregularidades en la compra de mochilas y material escolar, esta vez por Bs 11,1 millones.
Un informe del Instituto de Investigación Forense (IDIF) se constituyó en base de los alegatos de la defensa en Mochilas I. El dictamen pericial, emitido en enero de este año, en una de sus conclusiones, establece que “las actividades y los actos realizados por el alcalde, en calidad de MAE en el proceso de contratación, se ajustaron a lo establecido en el Art. 32 del D. S. 181.
Arnez informó que en la acusación se ofrecieron los elementos probatorios colectados en la etapa investigativa, entre ellas pruebas testificales, periciales, documentales y evidencias materiales. (26/06/2019)
