*) Por Lilian Loayza

La corrupción no es solo una preocupación de los bolivianos, el caso emblemático en la historia de América Latina es el gigante de la construcción Odebrecht, donde se descubrió sobornos de la empresa a funcionarios en América Latina. La empresa reconoció haber pagado US$737 millones en sobornos entre 2011 y 2016 para asegurar contratos por un valor de US$2.800 millones repartidos en unos 100 proyectos en 10 diferentes países.

Por tanto la corrupción es una realidad lacerante que debe ser prevenida adecuadamente de manera integral, sin embargo se hace una apología de la corrupción para utilizarla con fines políticos; no obedece a la normativa de contrataciones públicas, sino a intereses personales, sin embargo se la utiliza con fines políticos y electorales.

Si bien en lenguaje popular, algunos pseudos economistas, mencionan que la corrupción es meter la cuchara al dulce y es la peor forma de la privatización, porque es la apropiación de lo público sin tapujos por parte de mafias privadas, eso se debe analizar para develar una parte de la historia acontecida en Bolivia.

El proceso de privatización, capitalización y cierre de empresas en Bolivia, ha sido un proceso de desmantelamiento del patrimonio público y del aparato productivo estatal.

Dentro de los métodos de las empresas enajenadas esta la privatización, capitalización y cierre.

La privatización en Bolivia es la transferencia de empresas y bienes públicos realizada en el marco de la Ley N° 1330 de Privatización aprobada por el gobierno de Jaime Paz, el 24 de abril de 1992. La citada Ley autorizaba la enajenación de activos, bienes , valores, acciones y derechos de propiedad pública, o el aporte de los mismos a la constituciones de nuevas sociedades anónimas mixtas (SAM), la privatización se efectuó mediante licitaciones públicas aprobadas por decreto supremo y/o subastas aprobadas por resolución del Consejo Nacional de Economía y Planificación (CONEPLAN),

La capitalización se realizó en el marco de la Ley N° 1544 de Capitalización aprobada por el gobierno de Gonzalo de Sánchez de Lozada, el 31 de marzo de 1994, por este método las empresas eran convertidas en sociedades de economía mixta (SAM), luego esta licitaba un paquete accionario de nueva emisión (50%) que no era a cambio de dinero pagado al Estado sino a cambio de compromisos de inversión, controlados y administrados por el propio inversor extranjero, bajo este compromiso la SAM se convierte en Sociedad Anónima (SA) es decir en empresa privada. Las acciones de los bolivianos en la SA fueron entregadas en fideicomisos primero a un banco extranjero (Cititrust Bahamas) y a dos AFP. A las empresas capitalizadas se les entregaban los derechos de explotación de los servicios públicos mediante contratos de licencia y concesión y derechos de explotación de recursos naturales mediante contratos de riesgo compartido y de arrendamiento.
El cierre de empresas es otro método de enajenación, ya que el nicho de mercado abandonado por una empresa pública es ocupado por uno o varios actores privados, con el desmantelamiento del aparato productivo estatal.

Todo esto ha acontecido en la época neoliberal, cuyo fundamento es trasladar el eje de la economía estatal a una matriz empresarial privada, esencialmente transnacional con conexiones locales, que someta al Estado por medio de los organismos financieros internacionales.

Y si se trata de elecciones, no habrá que perder la memoria histórica, no habrá que elegir a candidatos de la derecha-neoliberal, puesto que ellos fueron los que han enajenado las empresas estatales bolivianas, provocando el desmantelamiento del patrimonio público y del aparato productivo estatal.