A casi dos semanas del empadronamiento irregular de pobladores del municipio de Riberalta del Beni para que voten en Puerto Gonzalo Moreno (Pando), las investigaciones no avanzan para establecer responsabilidades contra los implicados en este caso. La oposición advierte que se encubre a los implicados.

El representante político de Comunidad Ciudadana (CC) en Pando, Francisco Parrado, informó que hasta la fecha, la exfuncionaria del Servicio de Registro Cívico (Serecí), Gleizi Nakashima Brito, no se presentó a declarar en el Ministerio Público de esa región. A la vez indicó que los fiscales a cargo del proceso no quieren dar mayor información sobre el avanece de las diligencias que se están realizado.

“La información que tenemos hasta el momento es que la exfuncionaria no se ha presentado a declarar ante el Ministerio Público. No hay avance en las investigaciones y los fiscales se han cerrado para darnos información sobre este caso, presumimos que las autoridades judiciales están encubriendo a la funcionaria porque hay otras personas que están detrás de sus acciones”, aseguró el dirigente.

La sindicada fue denunciada en el Ministerio Público por el presunto traslado de pobladores de Riberalta para que se empadronen y voten en el municipio de Gonzalo Moreno. Instaló un punto de empadronamiento en una casa particular fuera de su jurisdicción.

EL DIARIO intentó comunicarse con el fiscal departamental de Pando, Juan Carlos Cuellar Zurita, para conocer la versión del porqué no se convocó a Nakashima, pero vanos fueron los intentos, ya que no contestó las llamadas a su teléfono móvil.

RECHAZO

Por otra parte, la Fiscalía de Pando rechazó la adhesión a la demanda penal que presentaron cuatro organizaciones políticas: Comunidad Ciudadana (CC), Movimiento Demócrata Social (MDS), Columna Integración y de Pando Somos Todos. Al respecto, Parrado explicó que los fiscales del caso argumentaron que no se pueden constituir como querellantes porque no son víctimas en las investigaciones.

“Nosotros nos vamos a reunir con los representantes de las otras fuerzas opositoras que suscribimos el memorial, con el fin de decidir que otras acciones legales más podemos presentar. No pueden impedir que nos constituyamos como querellantes, porque es un delito de orden público”, sustentó Parrado.

En los juzgados se sentó la denuncia bajo la figura de traslado de electores; en Cobija lo hizo el director del Servicio de Registro Cívico (Sereci), Kalil Arab. En Riberalta, lo hizo la directora del Sereci, Nolvia Guzmán, a la cual se suma la declaración que dio Alicia Melgar Chávez, y la adhesión del gobernador del Beni, Alex Ferrier (MAS).

CELERIDAD

El gobernador del Beni, Alex Ferrier, mediante un memorial solicitó a la fiscalía de esa región que pueda dar celeridad a las investigaciones para identificar a los responsables de este ilícito. A la vez advirtió que existe un problema de fondo que es generar un daño económico que se hace a Riberalta.

“Nosotros nos hemos adherido a la denuncia que presentó el municipio de Riberalta (…) Hemos vuelto a presentar un memorial como Gobernación para que precisamente haya celeridad”, afirmó, tras explicar que a preocupación del Beni va incluso más allá del acarreo de personas con fines electorales. “El daño principal es el daño económico que se hace a Riberalta”, completó.

OTRAS DENUNCIAS

El senador de Unidad Demócrata (UD), Yerko Núñez, denunció que el traslado fraudulento de personas datan desde el 2015, para las elecciones subnacionales, cuando los comunarios de la comunidad Piedras del municipio de Gonzalo Moreno, presentaron una demanda al Órgano Electoral. En esa oportunidad hicieron a la traslación de pobladores de Riberalta para que voten en esa región.

En días pasados, los comunarios del municipio de San Lorenzo de Pando advirtieron de una similar situación en Flor Blanco, donde un punto móvil de empadronamiento llegó hasta esa comunidad. A pesar de que existe un punto fijo de registro.

AUDITORÍA

El dirigente de los demócratas, Aurelio Valenzuela, señaló que remitieron una solicitud ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Pando, realizar una auditoría al padrón biométrico poniendo énfasis en los municipios que están cercanas al departamento del Beni, con el fin de establecer transparencia al proceso de registro.

A la vez, enviaron una nota al Serecí pidiendo que se remita toda la información con relación a los puntos y responsables del empadronamiento. “Es necesario que nos hagan conocer sobre los responsables del empadronamiento, cuáles son las áreas de trabajo, el número de equipos que cuentan y cuáles son los supervisores”, puntualizó Valenzuela.