Los sectores que se movilizaron el 21-F consideran que crear una alternativa política para que le haga frente al MAS en 2019 es la última opción si el presidente Evo Morales no declina su candidatura y respeta los resultados del referendo de hace dos años. No se animan aún a barajar nombres, mientras que desde el oficialismo se pretende recuperar el apoyo de la clase media y evitar poner en riesgo sus actuales dos tercios en el Legislativo.

Una evaluación del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) concluyó que se debe mantener la presión hasta que exista algún dictamen nacional o extranjero que exija respeto a la “voluntad popular”; también se coincidió en que de no existir un pronunciamiento contra la repostulación, deberán hacerle frente al oficialismo en las urnas, para evitar que el disgusto popular sea aprovechado por la oposición.

“Hay una alternativa de ir a las elecciones y hacer frente al MAS, lo hemos hablado, pero no lo queremos adelantar. Está ahí como una última opción en caso de lleguemos a ese momento”, admitió la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal.

El sector cívico coincide y ve que el MAS es la nueva minoría en el país, tras las protestas del pasado miércoles. “Los bolivianos ahora estamos limpiando la casa y hay que limpiar toda la casa, no media casa nomás; eso significa que este Gobierno se vaya y esta clase política de opositores, muchos funcionales, también”, manifestó el presidente de los comités cívicos del país, Luis Flores.

Carlos Romero, ministro de Gobierno, observa una “manipulación de las emociones” detrás del rechazo a la repostulación del jefe de Estado. Advierte que los colectivos intentan generar temores y desinformación a nivel de la gente, especialmente en las ciudades.

Garantizar la victoria en 2019

La dirigencia del MAS asegura que vencerá con Morales como su candidato en 2019 y minimiza el descontento social. El vicepresidente del oficialismo, Gerardo García, señala que se intentará recuperar el respaldo de la clase media y que está garantizado lograr nuevamente dos tercios dentro de la Asamblea. “Vamos a bajar a hacer conocer la verdad a los sectores, hay muchos que por resentimiento se van, pero si se sale uno, entran dos o tres más. La clase media debe estar incluida en el proceso de cambio”, sostiene.

Otro de los desafíos para el ‘instrumento político’ es la candidatura a la Vicepresidencia, debido a que, en entrevista con EL DEBER, Álvaro García Linera volvió a ratificar que no se repostulará, hecho que ya es asimilado en el MAS. “Si no va, no va nomás, no se le va a imponer y se verá quién ahora acompañará a Evo”, acotó el dirigente masista.

Para el analista político Franz Flores el panorama es un poco más complejo. Asevera que lo que emergió el 21-F fue un “contrapoder ciudadano” capaz de generar una fuerte crítica al Gobierno, pero ve distante que esa “diversidad de tendencias ideológicas y de clase” pueda convertirse en un núcleo de oposición política.

Oposición se articula

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, y el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, se reunieron ayer en la capital cruceña, hablaron de política y ratificaron que no se presentarán para una repostulación.

“Ahora es tiempo de precautelar la soberanía, democracia y decisión del pueblo expresada el 21-F y esperamos que la CIDH nos dé una respuesta favorable”, sostuvo el titular departamental.

Los dos líderes esperan que en un plazo no mayor a cinco meses la instancia internacional le diga no a la repostulación de Evo.

El empresariado responde

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, respondió al vicepresidente, que señaló que hay unas élites económicas divididas, una parte diciendo que es preferible hacer negocios antes que política con el Gobierno, y otras que optan por enfrentarlo. Nostas explicó que el desarrollo de la actividad empresarial y el derecho a expresar una opinión política no son excluyentes ni contradictorios entre sí y que ante la decisión de la Cámara de Comercio y algunas federaciones departamentales  de apoyar una movilización del 21-F, estas instituciones ejercieron su pleno derecho, y esa determinación no implica de ninguna manera división ni indecisión de la dirigencia del sector empresarial o de sus cientos de miles de afiliados, que, al formar parte de la ciudadanía, pueden libremente expresar su opinión y posición política en los temas que crean conveniente, lo que no compromete de ninguna manera su legitimidad ni su compromiso con el desarrollo económico y empresarial en el país.

Recordó que por principio, el empresariado privado no participa en actividades político partidarias; sin embargo, asume una posición clara de defensa de la democracia, la Constitución y el Estado de derecho.