La autoridad edil expresó que le llama la atención que el tribuno  Gonzalo Hurtado haya firmado la resolución, ya que es investigado en el caso del narcotraficante Pedro Montenegro.

“Nos llama la atención profundamente, habrá que preguntar a estos magistrados vinculados o implicados con otro tipo de personas acusadas por narcotráfico, ¿a cambio de qué emiten estos fallos sorpresivos?, además de un día para otro (…), pero vamos a asumir acciones legales contra estos magistrados porque han cometido prevaricato, porque han actuado en contra de la normativa vigente”, afirmó el alcalde Luis Revilla.

El lunes se conoció la sentencia constitucional 0228/2019-24, del 16 de mayo de 2019, que, entre otras disposiciones,   ordena investigar a la administración del alcalde Revilla sobre el deslizamiento del relleno sanitario de Alpacoma. 

El veredicto del Tribunal Constitucional está firmado, además de  Hurtado, por el magistrado  René Espada Navia. 

El 17 de mayo, la Fiscalía decidió ampliar las investigaciones del caso Montenegro al magistrado Hurtado y otros.  En aquella oportunidad,  Hurtado  manifestó  que contrariamente a tener alguna relación con el narco, fue él quien firmó la orden de captura con fines de extradición de Montenegro.

     El caso y el recurso 

 El  15 de enero, la macrocelda 4 del  relleno sanitario de Alpacoma colapsó y provocó un  deslizamiento. El 24 de enero, “en representación de la sociedad”, Teodoro Blanco Mollo y Simón Judas Apaza Rojas presentaron una acción popular  contra el Alcalde de La Paz, el Ministro de Medio Ambiente  y  un  dirigente vecinal de Achocalla. 

La acción popular fue rechazada en el Juzgado  de Familia Decimoquinto de La Paz. No obstante,  en la etapa de revisión,  el TCP decidió “revocar en parte”  ese fallo y señaló responsabilidad de Revilla y, en cambio,   absolvió   al Ministro de  Medio Ambiente y al dirigente  de Achocalla. 

La pasada jornada, Revilla afirmó que una irregularidad del fallo del TCP es que se  sustenta en un decreto supremo que ya no está vigente y, además,  no considera otra normativa que establece el lapso de licencia ambiental por 10 años para un relleno sanitario.

Fernando Velásquez,  director de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, explicó que se presentó una solicitud de complementación y enmienda al fallo del TCP. 

El jurista del municipio aseguró que la sentencia pretende perjudicar a  Revilla, puesto que los magistrados están alineados con el  Gobierno. 

Diputado Santamaría: “En la sentencia   hay contradicciones”

Página Siete  / La Paz

El diputado opositor Wilson Santamaría indicó que en el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre Alpacoma  “hay varias contradicciones”. 

“La primera: cómo es posible que un fallo pretenda establecer responsabilidades en contra de una autoridad local sin que la auditoría ambiental a la que refiere el propio fallo se haya concluido, eso no tiene explicación”, sostuvo el legislador. 

 Santamaría agregó que la fundamentación del veredicto se encuentra en “un decreto que fue abrogado”, elemento que está relacionado con la vigencia de  las licencias ambientales. 

 “Yo veo una acción política que pretende arrinconar y asediar al municipio de La Paz en desmedro de la ciudadanía. Aquí se trata de hacer equilibrio sobre el bien mayor,  y el bien mayor es el derecho a la salud pública de los ciudadanos y ciudadanas”, afirmó el diputado.  

El legislador cuestionó “este tipo de manipulaciones judiciales en contra de autoridades que piensan de forma distinta al Gobierno”.

 El diputado manifestó  que si bien el alcalde Luis Revilla es  miembro de la alianza contrincante de Bolivia Dice No -su persona es integrante de ésta-  “no puede permitir avalar semejante arbitrariedad”. 

 “Es un fallo torcido, emitido por un magistrado cuestionado, que nos debe explicaciones por sus vínculos con Montenegro”, expresó Santamaría. 

Ayer, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, afirmó:  “Vamos a asumir acciones legales contra estos magistrados porque han cometido prevaricato, porque han actuado en contra de la normativa vigente”.