Personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) advirtieron, en más de una oportunidad, que no solo chicotearán a los militantes de partidos opositores al Gobierno que se atrevan a ingresar en sus reductos para hacer campaña política, sino que también los podrían “enterrar vivos” o “envenenar”.

Estas amenazas, vertidas por dirigentes de comunidades o autoridades que representan al MAS en alcaldías, por ejemplo, le hacen daño a la democracia que está vigente, en el país desde 1982.

El 23 de junio pasado, por ejemplo, el ejecutivo de la Federación de Campesinos del Norte de Potosí, Ever Rojas, advirtió que no permitirán que los opositores ingresen a esa región para hacer campaña electoral, porque los “kataris (víboras)”, como se denominan, “van a envenenar a los q’aras (blancos)”.

Según las reglas de la democracia, los candidatos de todos los binomios habilitados para las elecciones generales de octubre próximo deben tener la garantía para ingresar a cualquier ciudad, pueblo o comunidad y hacer campaña política, sin que tengan que sufrir amenazas de por medio.

Si los vecinos de una ciudad, pueblo, comunidad o barrio no quieren escuchar las propuestas de un candidato, simplemente no acudirán a la convocatoria que se les haga.

Ninguna persona u organización puede atribuirse la potestad de prohibir a otra el derecho de circular por cualquier zona del país, mientras se trate de un lugar de acceso público, y en este caso en particular no se puede negar a los candidatos de las diferentes tiendas políticas a realizar campaña.

A raíz de esta amenaza, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, salió al paso y rechazó la advertencia del dirigente del norte de Potosí y recordó que la Carta Magna garantiza a todas las personas, sin excepción, el derecho a la libre circulación por todo el territorio nacional, así como la libre expresión y asociación.

Choque recordó que, de acuerdo a la Ley de Régimen Electoral, la “coacción electoral” y la “obstaculización de procesos electorales” son delitos electorales”.

En consecuencia, el TSE deberá reaccionar con prontitud cuando exista una amenaza que trate de coartar la libre circulación, en este caso concreto de los candidatos opositores, haciendo cumplir lo que manda la Ley de Régimen Electoral y sancionar a los que infringen esta norma, sin importar que sean personas que apoyen al partido de Gobierno o a los opositores.

En otra oportunidad, el 13 de enero pasado, el alcalde de Colomi, Demetrio Pinto, amenazó a los políticos opositores con “enterrarlos vivos” si ingresaban a esa población de Cochabamba con “mentiras y ataques”.

Dos días después, el Alcalde argumentó que la prensa había tergiversado sus palabras y que solo las había pronunciado como una metáfora.

Hacer campaña política en el territorio nacional es un derecho de todos los candidatos, quienes, en vez de amenazar, tendrán que ganar el voto de los electores con propuestas serias y que puedan cumplir en caso de llegar a ganar las elecciones generales de octubre.

Amenazar con golpear o no permitir el ingreso de una persona a algún lugar, lo único que hace es debilitar la democracia que ha costado sacrificio de dirigentes y de gran parte del pueblo boliviano, y que en muchos casos han ofrendado sus vidas por esta causa.