La mujer que denunció al gobernador Esteban Urquizu por supuesto abuso sexual presuntamente recibe presiones de parte de funcionarios de la Gobernación y de la Alcaldía de Sucre para que desista de la demanda, según reveló ayer su abogado, quien remarcó que la víctima solicitó al juez medidas de protección. Esta versión fue respaldada por una marcha protagonizada por las compañeras gremiales de la víctima y representantes de la Central Obrera Departamental (COD), de las juntas vecinales y del magisterio.
El manoseo de parte del Gobernador en contra de la mujer gremialista habría ocurrido el pasado 15 de mayo durante la celebración del aniversario de la Federación de Gremiales realizado en el complejo Senac, a donde asistieron el alcalde Iván Arciénega y otras autoridades, pero solo el gobernador Esteban Urquizu se quedó hasta el final.
Los datos corresponden al abogado de la víctima, Elvis Ovando, quien confirmó que la denuncia fue presentada el sábado y casi inmediatamente los funcionarios del Gobernador procedieron a “defenestrarla y humillarla” para obligarle a desistir.
“Hemos ofrecido prueba testifical y pericial, hemos pedido medidas de protección porque están influenciando sobre la víctima funcionarios de la Alcaldía y de la Gobernación, ella es comerciante ambulante que se enfrenta al poder”, aseguró.
Explicó que ese día, la mujer víctima estaba de espaldas, pero fue sorprendida por el Gobernador con una palmada en las nalgas, ella se dio la vuelta intentando resistirse, pero los guardaespaldas y el personal de seguridad encubrieron a Urquizu, según sus palabras.
El abogado de la víctima desafió al Gobernador a demostrar en el proceso investigativo que el video fue montado, tal como afirmaron sus funcionarios; además remarcó que si él niega el hecho no tenía por qué pedir disculpas a su familia y a sus hijos.
“Por moral, lo que tendría que hacer el Gobernador es renunciar a su cargo, y no pedir a sus funcionarios y a los de la Alcaldía a persuadir y obligar a la víctima para que levante la denuncia”, sostuvo.
El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, señaló que el Gobernador será citado a declarar en las próximas horas en cumplimiento al derecho constitucional a la defensa.
Nava Morales no descartó la convocatoria a otras personas testigos presenciales que participaron de la fiesta donde se cometió este hecho para que puedan brindar mayores detalles y también pedirán imágenes del local. Además se ordenará la realización de una pericia del video que fue la base de la denuncia.
MARCHA DE PROTESTA
Un grupo de gremiales, dirigentes obreros y del magisterio urbano protagonizó ayer una marcha de protesta en puertas de la Fiscalía Departamental para exigir una investigación objetiva; fueron recibidos por el fiscal departamental, Mauricio Nava Morales. La marcha provocó congestionamiento vehicular.
Cuestionan actuación de Urquizu
María Elena Echalar, compañera gremialista de la víctima, reveló ayer que Urquizu fue invitado a la celebración del aniversario de la Federación de Gremiales pero no se comportó “a la altura de una autoridad” y “atenido a su poder” no midió sus acciones.
“Se está negando de que el video es un montaje, no lo es, porque los únicos que estaban con cámaras grabando y sacando fotos eran su misma gente y sus guardaespaldas, hay testigos gremiales”, aseguró.
Lamentó que la autoridad política ponga en duda la autenticidad del video; recordó que pidió disculpas a su familia, pero no a la víctima, “a quien lo vio como a cualquier cosa”. “Eso no está bien, por eso nosotros vamos a llegar hasta final con este proceso”, enfatizó.
La jueza Odalis Serrano señaló que en 20 días la Fiscalía debe emitir un requerimiento conclusivo de imputación o de rechazo de la denuncia, sin embargo este plazo podría ser ampliado para complementar diligencias por otros 60 días. Después de esos plazos, si hay imputación, recién el Ministerio Público podría solicitar alguna medida cautelar.
La juzgadora reveló que la víctima en su memorial sostiene que ella se acercó al Gobernador para saludarlo pero fue objeto de toques que posteriormente le ocasionaron daños psicológicos, emocionales y afectaron a su entorno familiar.
El abogado de la víctima solicitó medidas de protección y que la identidad de ella sea declarada en reserva, sin embargo, el Ministerio Público no pidió la reserva de la investigación porque considera que no hay motivo para ello.
Dirigente de la COD niega acusaciones
El dirigente de la Central Obrera Departamental (COD), Carlos Salazar, imputado por supuesta violencia familiar, calificó de una persecución política la investigación en su contra y negó que haya golpeado a su exesposa tal como figura en una denuncia que terminó con una salida alternativa. La Fiscalía reactivó el caso después de conocer la denuncia del Gobernador, según sus palabras.
Pidió una reconstrucción de los hechos para establecer si golpeó a alguna persona y una prueba psicológica a la denunciante y a los testigos.
“No he golpeado a nadie y tengo la moral suficiente para enfrentar cualquier juicio “, aseguró.
El 25 de abril se conoció del proceso penal en contra de Salazar a denuncia de su exesposa por un hecho que se habría suscitado en diciembre de 2018 cuando hacían la distribución de los bienes gananciales producto de una separación conyugal; hubo una discusión y según la denuncia él lo empujó por las gradas. Ella desistió de la denuncia pero la Fiscalía sigue de oficio el proceso.
