La presidenta del TSE, María Eugenia Choque, recordó mediante un comunicado que la Ley 026 de Régimen Electoral establece que la “coacción electoral” y la “obstaculización de procesos electorales” son delitos electorales.

El inciso h del artículo 238 dispone que la obstaculización de procesos electores constituye un delito electoral. La disposición señala que la persona que promueva desórdenes o por cualquier medio obstaculice, obstruya o impida la realización o desarrollo de procesos electorales, referendos o revocatorias de mandato o que evite que las autoridades y sujetos electorales ejerzan sus atribuciones y derechos en un determinado espacio territorial del país, será sancionado con dos a cinco años de cárcel.

La postura del Órgano Electoral se dio luego de que el ejecutivo de la Federación de Campesinos del norte Potosí advirtiera el domingo que no permitirán que la oposición ingrese a esa región para hacer campaña electoral pues los envenenarían a los q’aras (blancos).

Ante esto, Choque aseveró que la Constitución Política del Estado (CPE) garantiza a todas las personas, sin excepción, el derecho a la libre circulación por todo el territorio nacional, así como la libertad de expresión y asociación, como parte del ejercicio democrático.

“Como Órgano Electoral Plurinacional rechazamos estas advertencias porque van en contra de la democracia y del pluralismo político en nuestro país. Hacemos un llamamiento a respetar y garantizar el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos como la libre circulación, la libre reunión, y la libertad de pensamiento y expresión de opiniones de todas y todos los bolivianos”, aseguró la autoridad.

La presidenta del TSE afirmó también que el anuncio de impedir el ingreso de las opciones políticas a determinados territorios está en contra del derecho al acceso a la información de la ciudadanía principalmente en un proceso electoral que está en curso.

Al respecto, el candidato presidencial por la opositora Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, cuestionó que pese a que el presidente Evo Morales estuvo presente en el acto en el que el dirigente hizo dichas aseveraciones, no dijo nada en contra, siendo que las mismas promueven el odio y la división entre los bolivianos.

Al respecto, Choque sostuvo que en el inciso c del artículo 238, de dicha ley la “coacción electoral” se constituye en un delito electoral.

Dicha norma establece que el servidor público electoral, policial, militar o persona particular que coaccione, atemorice o ejerza violencia en contra de subalternos de su dependencia o de cualquier ciudadano para que se afilien a determinada organización política o voten por determinada candidatura en un proceso electoral u opción en un referendo o revocatoria de mandato, será sancionado con uno a tres años de cárcel.