“Los que trabajan aquí,  en nuestro distrito,  deben empadronarse”, declaró  a Página Siete el secretario general de la comunidad  Choquetanga Grande, René Álvarez. El dirigente  dijo que esa determinación fue aprobada  en  una asamblea general.

El 20 de junio, la directiva de esa comunidad -que se ubica en  Quime,  provincia Inquisivi de  La Paz-  envió  un comunicado  a ENDE Corporación. En esa misiva  se exige que los trabajadores se empadronen. 
 
“Todo el personal de la empresa ENDE Corani  y sus subcontratistas como ser China Railway, Soboce, Carlos Caballero, TSK, Agroneolan, Siabol  deben empadronarse en el biométrico para las elecciones generales y municipales aquí, en este distrito  de Choquetanga”, se lee en  el comunicado que fue suscrito  por cuatro dirigentes  y un coordinador municipal de Quime.

   En el documento se advierte que “las personas que no se empadronen o  nieguen empadronarse, serán expulsadas del sector en forma definitiva. Sin reclamo alguno a trabajadores y administradores bolivianos”.

“Es un modo de amenaza,  nada más. ¿En qué lugar de Bolivia se cumplió cualquier mandato sin amenaza?”, justificó  Álvarez después de ser consultado sobre  la sanción.

En  ese comunicado, además,     se lee que se controlará “estrictamente” la inscripción   en el padrón electoral,  y que el 28 de junio (el próximo viernes)  llegará a esa zona el empadronador. 

“Nosotros no tenemos ningún color político,  tampoco queremos favorecer a nadie; simplemente  estamos velando el futuro de nuestra comunidad”, manifestó  el dirigente. 

En 2017, ENDE Corani se hizo cargo de la construcción del proyecto hidroeléctrico Miguillas, que se emplaza en esa región.

EÉdgar Ochoa, habitante de la comunidad,  declaró a este medio que en la empresa  trabajan   “entre 200 a 300 personas”. “Aquí trabajan, se les está dando fuente de empleo y de alguna forma tienen que contribuir”, manifestó el comunario.

El diputado opositor José Carlos Gutiérrez observó la disposición de que el personal que trabaja en esa localidad esté obligado a empadronarse en esa zona. “Se atribuyen cosas que están fuera de la ley. Es un delito electoral común el extorsionar a la gente y amenazar a terceros con despedirles de su trabajo si no se empadronan”, afirmó el legislador opositor.

Por su parte, la diputada oficialista Rosa Chuquimia indicó: “No necesitamos obligar a nadie. Además hay una guerra sucia electoral”.

Punto de vista 
Franz Rafael Barrios  Investigador jurídico

 “El TSE debe impartir justicia electoral”

El TSE debe impartir justicia electoral. Ayer,  la presidenta del TSE “rechazó” la amenaza de impedir el ingreso de opositores a determinados lugares, efectuada por un dirigente masista, pero eludió referirse sobre la amenaza del mismo dirigente de “envenenar” a opositores y el llamado al “voto cerrado” en favor del binomio de facto. Les recordamos que, en su calidad de servidores públicos, no basta con que emitan ambiguos comunicados. 

Tienen el deber de denunciar tales ilícitos (electorales y comunes) al Ministerio Público (Artículo 286 del Código de Procedimiento Penal)

En adición, seguimos exigiéndoles que inhabiliten al binomio de facto  Evo-Álvaro, “autoproclamado ganador” (sin elecciones), en virtud al Artículo 4 numeral 8 de la Ley 018 que, en materia electoral, dispone la aplicación preferente de la CPE de 2009 y de la Ley 026 (Artículo  105) que impiden la repostulación, ya que este hecho es el mayor atentado a los últimos 36 años de democracia, que amenaza la estabilidad del sistema de gobierno.