El pasado  15 de enero, la macrocelda 4 del  relleno sanitario Nuevo Jardín, en la zona Alpacoma, colapsó y provocó el deslizamiento de toneladas de basura. Por ese hecho,  el Ministerio de Medio Ambiente y Agua emitió varios informes que responsabilizaron al municipio.

 Los dirigentes vecinales del municipio de Achocalla, afines al Gobierno,  bloquearon el ingreso al relleno,  lo que causó una crisis sanitaria por la acumulación de basura en las calles de la ciudad de La Paz.

Ante este panorama,  el 24 de enero, “en representación de la sociedad”, Teodoro Blanco Mollo y Simón Judas Apaza Rojas presentaron una acción popular  contra el Alcalde de La Paz, el Ministro de Medio Ambiente  y  el dirigente vecinal de Achocalla Martín Quenallata. Los demandantes pidieron  que estos tres presenten informes y tomen medidas de contención de la emergencia. 

En primera instancia, la acción popular fue rechazada en el Juzgado  de Familia Decimoquinto de La Paz, pero en la etapa de revisión el TCP revocó -en parte- ese fallo y señaló responsabilidad sólo contra Revilla.

Además, en la sentencia constitucional   0228/2019 S4 el TCP absolvió de toda responsabilidad  al Ministro de  Medio Ambiente y al dirigente vecinal de Achocalla,  y anunció que remitirá los antecedentes  a la Fiscalía y  a la Procuraduría General.

 “Es una sentencia absolutamente alineada a una decisión política que no tiene en lo absoluto un marco de coherencia legal. Nos parece una aberración, sobre todo porque hacen consideraciones y atribuyen responsabilidades al Alcalde (Luis Revilla) sin tener (resultados de) la auditoría ambiental, se han apoyado en los informes del Ministerio de Medio Ambiente y del viceministerio sobre todo”, dijo el director de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Fernando Velásquez.

La determinación podría agravar la situación legal del alcalde Revilla, más aún cuando ayer fue  citado a declarar en relación a la denuncia contra la empresa Tersa, la firma que administraba el relleno sanitario de Alpacoma.

Entre algunas conclusiones de  la sentencia del TCP se menciona que el diseño y operación del relleno no cumplió con lo establecido en el manifiesto ambiental, que el colapso de la celda  no sólo fue  fruto del mal manejo de las instalaciones    o un hecho fortuito, sino “de una operación no apropiada”.

Por otra parte, el fallo del TCP señala que el relleno sanitario trabajaba sin licencia ambiental desde el 1 de octubre de 2017 y que la filtración de los lixiviados o residuos líquidos de la acumulación de basura afectan a fuentes de agua cercanas.

Velásquez dijo que por medio de diferentes instituciones  el Gobierno busca  atacar la gestión municipal e inculpar al  Alcalde por motivos políticos.

El  diputado por Unidad Demócrata Wilson Santamaría cuestionó la resolución del Tribunal Constitucional.  Afirmó que hay un fin político en la decisión judicial y cuestionó  el hecho de que los vecinos de Achocalla no asuman responsabilidades. Observó que en el mismo fallo se ordene que el Ministerio de Medio Ambiente  emita informes  de las auditorías ambientales cada 15 días.

El fallo fue emitido el 16 de mayo en la Sala Cuarta del TCP por  el magistrado Gonzalo Hurtado, quien está implicado en el caso de narcovínculos de Pedro Montengro Paz, proceso en el que aún no ha declarado.