Una denuncia contra el Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los hechos violentos ocurridos en los Yungas de La Paz y procesos e interpelaciones al ministro de Gobierno, Carlos Romero, y a mandos policiales, son algunas de las reacciones que se generaron en la oposición tras el fallecimiento del dirigente cocalero Miguel Coico, en medio de una pugna por el control de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), crítica del Gobierno.
"Este caso debe ser de conocimiento de instancias internacionales, en este caso la propia Asamblea de Derechos Humanos ya debería buscar la acción urgente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que cese la violencia y cese esa acción represiva que está desarrollando el Gobierno en la zona de los Yungas, particularmente en Trinidad Pampa", manifestó el rector de la Universidad de San Andrés, Waldo Albarracín.
Los diputados opositores Rafael Quispe y Wilson Santamaría, a su vez, anunciaron que interpondrán un proceso penal contra el ministro Romero y los jefes policiales por incumplimiento de deberes, porque no dan con los responsables del violento asesinato de Miguel Coico, dirigente de la central agraria de Trinidad Pampa del municipio de Coripata.
El legislador denunció además que se ingresó a las instalaciones de Adepcoca sin contar con una orden de allanamiento, por lo cual también anunció una interpelación en la Cámara de Diputados al Ministro de Gobierno, por usar a la Policía Boliviana para intervenir y controlar la Adepcoca.
Quispe adelantó que la denuncia será contra Romero, el comandante de la Policía, Yuri Calderón, y el director departamental de institución en La Paz, Jorge Pizarro, por el delito de incumplimiento de deberes.
Albarracín advirtió que esos hechos deben ser denunciados para defender a las víctimas. "Una medida cautelar ante la CIDH para que se procese este caso, y que se instruya al Estado boliviano resguardar la vida de las víctimas y la libertad de las personas", planteó.
La autoridad académica agregó que el Gobierno no dejará que se investiguen estos hechos debido al poder que ejerce en las esferas del Estado.
"En la dictadura se cometen estas violaciones a los derechos humanos con características incluso de asesinatos que van a quedar en la impunidad porque está en el control fáctico que ejerce el Gobierno y ningún fiscal se va a atrever a investigar este hecho ni ningún juez se va atrever a juzgar", puntualizó.
Aprehenden a cinco personas ligadas a muerte de Coico
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) informó ayer de la aprehensión de cinco personas presuntamente responsables del asesinato de Coico, quien el fin de semana fue apuñalado en medio de un conflicto violento con cocaleros afines al Gobierno, en la localidad de Trinidad Pampa. Sus hermanos Tatiana y Héctor también resultaron heridos.
"Se ha logrado identificar a cinco probables autores de este crimen que ha sucedido y obviamente las lesiones a estas dos víctimas. Una vez identificados hemos coordinado trabajos con la Felcc de Trinidad, asimismo en la ciudad intermedia de Riberalta donde ya se los tiene aprehendidos", informó el director de la Felcc de La Paz, coronel Sergio Bustillos.
El sábado en la comunidad de Trinidad Pampa, municipio de Coripata, se registró un hecho violento entre cocaleros afiliados a Adepcoca y un grupo de afines al MAS.
En ese conflicto fue apuñalado Miguel Coico, quien falleció en el lugar por la gravedad de las heridas; Tatiana y Héctor Coico resultaron heridos.
Los familiares de las víctimas identificaron a Rafael M. y miembros de su entorno como los autores del crimen.
La Policía investigó el caso y logró dar con los implicados, los cuales presuntamente habían huido de La Paz rumbo a Guayaramerín (Beni).
Entre los detenidos hay cuatro varones y una mujer, incluido un adolescente de 15 años, de quienes se prevé su traslado a La Paz.
Según el informe policial, los aprehendidos refieren desconocer el crimen y alegan que salieron de Los Yungas porque había rencillas entre familias. Relataron que el día del conflicto entre familias, muchas personas usaron armas blancas y machetes durante las peleas.
El fiscal del caso, David Ergueta, afirmó que, según el examen forense, la víctima murió por shock hipovolémico post traumático.