Diversas encuestas de opinión pública no sólo han ratificado recurrentemente la desconfianza en los árbitros de las elecciones, sino el temor a un posible fraude, lo que es fatal para la debilitada democracia boliviana.

Si Evo Morales se considera por anticipado ganador de las elecciones del “20-O”, como lo dijo días atrás, debería ser el más interesado en que no exista la mínima sospecha sobre el proceso, ya que no es nada aconsejable comenzar otra gestión embarrada por grandes dudas sobre el respeto al voto. A la falta de legitimidad de su nueva habilitación como candidato se sumaría la susceptibilidad justificada de los ciudadanos de estar gobernados por un Presidente que se encumbró en el poder con una votación irregular. Recordarle durante los próximos años tales circunstancias a un mandatario povocará una incesante conflictividad.

De hecho, la insistencia del binomio oficialista en postularse, sin reconocer el referendo del 21-F, y la resistencia de los vocales electorales a entregar sus puestos a personajes confiables nos ponen de nuevo al borde de un peligroso ascenso de la tensión social, si es que la Asamblea de la Cruceñidad aprueba en las horas que vienen un paro nacional y otros escalonados en las regiones.

Una marcha fue hace un par de semanas el precalentamiento de los que se perfilan como meses de peligrosa confrontación, con secuelas en la enfriada economía. Los empresarios conocen los costos de la paralización productiva y son reacios a apoyar medidas como las que proponen los cívicos, aunque finalmente lo tendrán que hacer a regañadientes, como ocurrió el año pasado. Por 24 horas de paro la economía cruceña pierde 27 millones de dólares, que en el actual contexto de desaceleración son mucho más que necesarios. Pero más allá de las pérdidas, a los dirigentes de los privados les resulta incómodo fijar una posición que moleste al Gobierno, con el que tienen una buena relación.

No obstante, es muy probable que volvamos a vivir la experiencia de nuevos paros, que el oficialismo buscará neutralizar. Es seguro que una vez más mostrarán contundencia, sobre todo en Santa Cruz, como también es casi seguro que no harán retroceder ni un milímetro al Gobierno y a las autoridades electorales. ¿Para qué entonces parar?, dirán los más resignados a permitir el avance de la topadora oficialista.

Parar, más allá de las enormes pérdidas económicas, se ve por los que defienden la democracia, como un acto de necesario sacrificio. Más allá del comprensible pesimismo sobre la eficacia de una medida tan costosa en la voluntad del Gobierno, no se puede dejar de perder la esperanza en que aparezca un gesto de sensatez para cuidar el sufragio.

Esa voluntad se le reclama sobre todo al oficialismo, que tiene en sus manos la responsabilidad de devolver la confianza en el TSE con la renovación de los vocales, en consenso con la oposición. El argumento de que ya no hay tiempo para hacerlo sin afectar el calendario electoral es débil ante la demanda masiva de transparencia y credibilidad en los árbitros. No se puede entregar la responsabilidad de unas elecciones tan relevantes a un TSE que no ha tenido ni siquiera la capacidad de garantizar un empadronamiento libre totalmente de irregularidades. 

El caso de Riberalta es el tiro de gracia a la imagen del Tribunal, que desde octubre de 2018 perdió a tres vocales de su directiva, lo que expone la magnitud de su crisis. 

No basta con deslindar responsabilidades por situaciones inadmisibles como el registro de votantes para que sufraguen donde no deben hacerlo. El crédito se acabó.

Tuffí Aré Vázquez  es periodista, Premio Libertad de Expresión 2019, Premio Huáscar Cajías 2010.