Las organizaciones de San Miguel de Velasco en el departamento de Santa Cruz observaron una supuesta brigada móvil de empadronamiento que se instaló en la unidad educativa Monseñor Belisario Santisteban, sin que la población conozca y pese a que en el salón Municipal ya existe un centro de registro de electores.

El Control Social, el Comité Cívico, el Corregimiento, entre otras organizaciones, llegaron el pasado jueves a la unidad educativa donde encontraron a una joven con todo el equipo biométrico, realizando el registro de ciudadanos para votar en las Elecciones Generales de octubre de 2019.

El vicepresidente del Control Social de San Miguel de Velasco, José Luis Dorado, manifestó que advirtieron como un hecho "irregular" que llegue a esa zona una brigada móvil, cuando existe un centro de empadronamiento en el salón Municipal en plena plaza del pueblo.

En un video compartido en la cuenta de Facebook de Freddy Gamboa se puede ver a Dorado que conversa vía telefónica con la coordinadora de la brigada móvil de nombre Zulma, quien aclaró que "no hay nada ilegal en eso", toda vez que las brigadas móviles se desplazan por diferentes partes del país.

Asimismo, observaron que el Tribunal Electoral Departamental no informe sobre la presencia del equipo móvil, alegando que no lo hicieron por "falta de tiempo", Dorado lamentó que operen estos equipos sin la mayor información a través de los medios de comunicación.

"Desconocíamos, eso le hice notar a la directora, porque tampoco se reunieron con las autoridades y en el colegio tampoco había un distintivo sobre que es un centro donde se pueden inscribir, dicen que por falta de tiempo no informaron", afirmó Dorado.

Una de las sospechas de los dirigentes es que en esa brigada móvil se pretendía inscribir a gente producto del "acarreo" de personas, es decir, gente que no vive en San Miguel de Velasco y solo se inscribe para votar en las Elecciones Generales de octubre.

Los representantes expresaron su temor porque suceda como en Riberalta, donde la pasada semana se descubrió un "centro ilegal" de empadronamiento a riberalteños para estar registrados en el padrón del departamento de Pando.