El acto de ilegalidad fue develado en Riberalta, donde una senadora y varios ciudadanos denunciaron que en el empadronamiento electoral se estaba efectuando un presunto fraude, haciendo sospechar que lo mismo se estaría produciendo en otras localidades. La acusación agregó que varios ciudadanos del citado municipio estaban siendo estipendiados para que se inscriban en un padrón clandestino.

La denuncia agregó varios agravantes, como el de haberse descubierto que los “empadronadores” disponían de ingentes sumas de dinero para cometer el delito y que uno de ellos al verse descubierto y darse a la fuga dejó caer un paquete con más de siete mil bolivianos, que servirían para “pagar” a algunas personas. Otra denuncia destacable afirmó que los denunciantes disponían de un video captado en el momento en que se quitó a una secretaria del órgano electoral las pruebas de registro en otras poblaciones.

La noticia al respecto no deja de ser alarmante en vísperas de elecciones generales, cuando está en debate la postulación ilegal del binomio Evo-Álvaro, fórmula que el oficialismo quiere imponer “por la fuerza o la razón”, y así conseguir un triunfo electoral a la medida de sus intereses y, por ende, sobre la base de un fraude, para hacer posible la victoria de la fórmula inconstitucional, desconocida de hecho y de derecho, por el referéndum del 21 de febrero del 2016, pronunciamientos internacionales y otros.

Por otro lado, es incomprensible que el oficialismo, que predica tener apoyo mayoritario de sus seguidores, recurra a practicar malas artes para obtener más apoyo, acción que, precisamente, querría decir que duda de su afirmación y que está seguro de una derrota.